Ceuta exige responsabilidades compartidas y rigor público

La crisis de Ceuta exige algo más difícil que encontrar un único culpable: distinguir los problemas, identificar las responsabilidades de cada institución y actuar con la intensidad que requiere una situación excepcional. Ha habido una emergencia humanitaria de enorme magnitud, una fuerte presión sobre los profesionales y los servicios públicos, riesgos sanitarios derivados del hacinamiento y la insalubridad, problemas de seguridad y fallos evidentes en la gestión migratoria. Pero una cosa no demuestra automáticamente la otra. Un sistema sanitario tensionado no es necesariamente un sistema colapsado; la aparición de brotes en grupos sometidos a condiciones extremas no equivale a una amenaza epidémica para toda la población; y la comisión de delitos individuales no permite atribuir peligrosidad a un colectivo.

La primera responsabilidad corresponde al Gobierno de España. Gestiona directamente la asistencia sanitaria en Ceuta a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y tiene competencias fundamentales sobre fronteras, inmigración, seguridad, política exterior y relaciones con Marruecos. El Ingesa activó su plan de emergencias, estableció circuitos diferenciados y realizó miles de asistencias durante las semanas más críticas. También incorporó personal adicional (90 profesionales) y mantuvo la actividad ordinaria. Sería injusto negar ese esfuerzo, especialmente el realizado por los profesionales sanitarios. Pero sería igualmente injustificado utilizar esos datos como una absolución política completa. La propia información oficial reconoce la dimensión excepcional de la crisis.

El principal problema del Gobierno central no fue la ausencia absoluta de respuesta, sino una actuación fragmentada, reactiva y, también, mal comunicada. La visita de la ministra de Sanidad llegó tarde y los nuevos dispositivos humanitarios se anunciaron cuando miles de personas ya llevaban demasiado tiempo en playas y asentamientos improvisados. No toda la responsabilidad por esta demora corresponde a Madrid, pero la sucesión de medidas transmite la sensación de que la coordinación institucional fue creciendo a medida que avanzaban los acontecimientos, en lugar de anticiparse a ellos. Eso evidencia una reacción tardía del conjunto del Estado y demuestra que los recursos disponibles antes de la crisis eran insuficientes.

Tampoco ayudó la discusión semántica entre "tensión" y "colapso". El Gobierno tenía razón al rechazar discursos apocalípticos y aportar datos objetivos, pero debió reconocer antes el agotamiento de los profesionales, las dificultades asistenciales y la necesidad de refuerzos externos. Negar la existencia de un problema asistencial puede interpretarse como negar la realidad que perciben quienes trabajan sobre el terreno. Además, responder a cualquier crítica mediante reproches morales tampoco contribuye a resolver la situación. Existe alarmismo y existe estigmatización, pero también existen reclamaciones profesionales legítimas que merecen respuestas claras, recursos suficientes y transparencia pública.

El Gobierno de Ceuta tampoco puede presentarse únicamente como víctima o administración reclamante. La Ciudad Autónoma tiene competencias en salud pública y responsabilidades importantes en servicios sociales, protección de menores, salubridad urbana y habilitación de espacios de acogida. El propio Ministerio señaló que la vigilancia epidemiológica debía desarrollarse en colaboración con la administración local y que las prioridades incluían el acceso al agua, la higiene, el saneamiento y el alojamiento. La pregunta es por qué no se movilizaron antes más espacios seguros y adecuados para responder a una situación que se agravaba día tras día.

La magnitud de la crisis superaba claramente la capacidad ordinaria de Ceuta y exigía solidaridad nacional. Pero verse desbordado no elimina las competencias propias ni permite trasladar todas las obligaciones a otra administración. El Ejecutivo de Juan Vivas debía reclamar ayuda estatal, pero también utilizar todos los recursos disponibles a su alcance para reducir el impacto de la emergencia. La lealtad institucional no consiste en intercambiar reproches, sino en identificar qué puede hacer cada administración y hacerlo sin retrasos innecesarios.

El Colegio de Médicos pudo acertar al denunciar el agotamiento de los profesionales, la insuficiencia de algunos refuerzos y la necesidad de una coordinación más estable. Sin embargo, cruzó una línea discutible cuando recurrió a expresiones como "bomba de relojería epidemiológica" y mezcló en un mismo discurso presión hospitalaria, enfermedades infecciosas, delitos y desconocimiento del estado vacunal de parte de los migrantes. Una organización profesional tiene derecho a reclamar mejoras, pero también una responsabilidad especial cuando habla de riesgos para la salud pública. Una percepción asistencial, por dramática que sea, no sustituye una evaluación epidemiológica rigurosa.

La tuberculosis, la sarna o las gastroenteritis requieren vigilancia, diagnóstico, tratamiento y protección para quienes trabajan en contacto directo con los afectados. Exigen medidas sanitarias concretas y, cuando proceda, aislamiento individual. Pero no justifican presentar a miles de personas como una amenaza para el conjunto de la población. Las sociedades científicas especializadas han descartado la existencia de un riesgo de contagio generalizado y han considerado injustificadas algunas de las medidas más extremas que llegaron a plantearse en el debate público.

En ese contexto, Alberto Núñez Feijóo contribuyó a agravar el problema al trasladar ese lenguaje alarmista al primer plano de la política nacional. La oposición tiene la obligación de exigir explicaciones sobre la gestión fronteriza, la relación con Marruecos, la atención a los menores, el retraso en la habilitación de alojamientos y la coordinación del Gobierno. Sin embargo, plantear el estudio de medidas excepcionales de confinamiento vinculadas a enfermedades como la sarna o la tuberculosis fue una propuesta epidemiológicamente infundada según las sociedades científicas. Un aspirante a dirigir el Gobierno debería contribuir a ordenar la crisis y exigir medidas concretas, no amplificar el miedo colectivo.

Las agresiones sexuales denunciadas merecen una consideración independiente y contundente. Toda violación es un delito gravísimo y debe investigarse, protegiendo a las víctimas y exigiendo responsabilidades penales a los culpables. Pero utilizar esos delitos para reforzar argumentos sanitarios o para atribuir peligrosidad colectiva a las personas migrantes resulta intelectualmente inconsistente y políticamente dañino. Salud pública, seguridad ciudadana, justicia y política migratoria son ámbitos distintos. Cada uno requiere pruebas, competencias específicas y respuestas propias.

Ceuta necesita una dirección operativa conjunta y permanente, con responsabilidades claramente identificables y mecanismos de evaluación pública. Necesita información constante sobre la asistencia sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la situación de los menores y la capacidad de acogida. Necesita alojamientos dignos que permitan identificar y seguir clínicamente a las personas, refuerzos sanitarios externos, protección laboral para los profesionales, agilidad administrativa en los procedimientos migratorios y una actuación firme ante Marruecos. También necesita que los profesionales puedan expresar libremente sus preocupaciones, pero que las instituciones diferencien con claridad entre denuncia laboral, evaluación científica y desinformación.

La responsabilidad está distribuida, pero no puede quedar diluida. El Gobierno de España debe asumir el liderazgo que le corresponde; el Gobierno de Ceuta debe ejercer plenamente sus competencias; el Colegio de Médicos debe reclamar con rigor; y la oposición debe evitar convertir el miedo en herramienta política. Gobernar una crisis significa distinguir los problemas para poder coordinarlos. Mezclarlos todos puede generar titulares, pero no protege ni a la población ceutí, ni a los profesionales, ni a las personas migrantes cuya situación dio origen a esta emergencia.

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