Ceuta: la culpa es de Aznar… y, si no, de los Reyes Católicos

Hay que reconocerle al Gobierno una virtud extraordinaria: cuando las cosas se complican, nunca se queda sin explicaciones. Puede quedarse sin previsión, sin coordinación, sin una versión compartida entre sus propios ministros y hasta necesitar recurrir a la Seguridad Nacional, pero explicaciones tiene para aburrir. Y, sobre todo, tiene culpables. Muchos culpables.

Tantos que, si seguimos así, para explicar lo ocurrido en Ceuta vamos a necesitar una enciclopedia.

Lo de Ceuta tiene ya categoría de obra de arte. Cerca de 80.000 personas entraron en la ciudad a finales de julio y la situación adquirió unas dimensiones extraordinarias. Sin embargo, la primera respuesta oficial tuvo ese tranquilizador tono de quien lo tiene todo perfectamente controlado: se llegó a hablar de una situación revertida en 24 horas y hasta se presentó la gestión como otra crisis resuelta por Pedro Sánchez. Un mes después hubo que crear un mando único, reforzar la coordinación estatal y declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional.

Es una manera bastante peculiar de demostrar que una crisis está controlada: acabar declarando que requiere la Seguridad Nacional.

Pero lo verdaderamente interesante llegó cuando alguien cometió la imprudencia de preguntar qué sabía el Gobierno y cuándo lo sabía.

Entonces apareció el CNI. Y con él, una pequeña maravilla de la coordinación gubernamental: Margarita Robles sostiene que los servicios de inteligencia habían advertido el 29 de julio de una convocatoria para entrar a nado en Ceuta; Fernando Grande-Marlaska sostiene que no hubo ningún informe ni aviso que anticipara algo semejante. Unos dicen una cosa, otros otra, y el ciudadano queda con esa agradable sensación de que quizá el servicio de inteligencia más importante del Estado necesita, a su vez, algún servicio de inteligencia que le explique al Gobierno lo que está diciendo.

Si Robles tiene razón, habrá que explicar qué se hizo con la información. Si Marlaska tiene razón, habrá que explicar por qué no existió ese aviso y cómo se preparó el Estado para una situación de semejante magnitud.

Pero quizá estamos haciendo preguntas demasiado sencillas. Porque la política española ha desarrollado un método mucho más sofisticado: cuando no se puede explicar suficientemente bien lo que ha ocurrido, se busca a alguien a quien culpar.

Y ahí aparece Aznar.

José María Aznar lleva más de veinte años sin gobernar y sigue siendo uno de los hombres más trabajadores de España. No hay crisis que se resista a una conexión retrospectiva con el expresidente. Si ocurrió hace veinte años, Aznar. Si ocurrió ayer pero podemos encontrar algún antecedente remoto, también Aznar. A este paso tendremos que admitir que Aznar no dejó La Moncloa en 2004: simplemente trasladó el despacho a un lugar secreto desde el que continúa gobernando España a distancia.

Pero si Aznar empieza a quedarse corto, no hay problema. Siempre queda Ayuso.

Ayuso es el comodín perfecto de la política española: vive en Madrid, pero puede ser convocada para explicar prácticamente cualquier cosa que ocurra en cualquier punto del país. Si critica al Gobierno, se demuestra que está politizando la crisis; si no lo critica, probablemente se demostraría que no tiene nada que decir. Y si el asunto ocurre en Ceuta, mejor todavía: basta con introducir su nombre en la conversación y el debate deja inmediatamente de ser sobre la gestión de la frontera para convertirse en otro capítulo de la eterna guerra de trincheras partidistas.

Así que, si Aznar no funciona, tenemos Ayuso. Y si Ayuso tampoco consigue cargar con todo, siempre queda el comodín universal: los fascistas.

Aquí hay que reconocer una aportación histórica de la política española que viene de lejos y que tuvo en José Luis Rodríguez Zapatero uno de sus grandes cultivadores: convertir la acusación de fascismo en una herramienta política de enorme versatilidad. Con ella se puede descalificar al adversario, elevar cualquier discrepancia a categoría de amenaza moral y, sobre todo, evitar responder a determinadas preguntas. Fascista que seguramente regalan joyas… pero eso vamos a dejarlo para otro día.

Porque si quien pregunta es un fascista, ya no hace falta contestarle. Es una solución magnífica. ¿Preguntas por las fronteras? Fascista. ¿Preguntas por la inmigración? Fascista. ¿Preguntas por qué se reaccionó tarde? Fascista. ¿Preguntas por qué dos ministros ofrecen versiones diferentes sobre lo que sabía el CNI? Cuidado. Quizá fascista.

La palabra funciona como una especie de cortina de humo moral: cuando aparece, la conversación deja de ser sobre gestión y pasa a ser sobre la supuesta calidad humana de quien se atreve a preguntar.

Y así hemos llegado a otra de las grandes especialidades de nuestra política: dar lecciones morales cuando lo que se necesitan son explicaciones.

Lecciones morales ya hemos recibido unas cuantas. Sobre tolerancia, democracia, convivencia, solidaridad y respeto. Todo muy edificante. Lo que parece costar bastante más es una lección mucho más sencilla: la de reconocer un error cuando se comete.

Porque un Gobierno puede equivocarse. Por supuesto que puede. Puede recibir información incompleta, interpretar mal una situación, reaccionar tarde o calcular mal la magnitud de una crisis. Eso forma parte de gobernar. Lo que no forma parte de gobernar es convertir cada error en una búsqueda del culpable más conveniente. Y aquí es donde la cosa deja de ser divertida.

La incompetencia no tiene ideología. La falta de previsión tampoco. La mala coordinación no es progresista ni conservadora. Y la responsabilidad institucional debería estar por encima de todas esas etiquetas. Por eso Ceuta debería superar la política partidista.

Ceuta no es del PSOE. Tampoco es del PP. No es de Sánchez, ni de Feijóo, ni de Ayuso, ni de Vox. Es España.

Y precisamente por eso la pregunta debería ser bastante sencilla: ¿funcionó el Estado como tenía que funcionar? Si la respuesta es sí, que lo expliquen. Si la respuesta es no, que expliquen por qué. Y si hubo errores, que los asuman. No parece una exigencia revolucionaria. Aunque, viendo el espectáculo, quizá lo sea.

Porque si Aznar y Ayuso tampoco sirven, siempre podemos seguir retrocediendo en la historia. Felipe II, por ejemplo.

No porque Felipe II conquistara Ceuta - no lo hizo-, sino porque durante su reinado se produjo la unión de las coronas española y portuguesa en 1580. Ceuta era entonces portuguesa y, cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, la ciudad permaneció bajo la soberanía de Felipe IV y terminó quedándose española.

De modo que, puestos a repartir responsabilidades históricas, quizá convenga preguntarle también a Felipe II por qué se le ocurrió aquello de juntar las coronas. No sabemos qué relación puede tener con la crisis de 2026, pero tampoco parece que eso haya detenido hasta ahora la búsqueda de culpables.

Y después podemos llegar a los Reyes Católicos. Quizá la crisis de Ceuta sea una consecuencia tardía de 1492. Quizá Isabel y Fernando dejaron algún asunto pendiente que, más de cinco siglos después, ha decidido reaparecer en forma de crisis migratoria.

No descartemos nada. Después de todo, los Reyes Católicos tienen una ventaja extraordinaria sobre Aznar: llevan más de quinientos años muertos y, por tanto, no pueden comparecer para defenderse. Son los culpables perfectos.

Y si tampoco funcionan, siempre podemos llamar a los fenicios. Tenían una relación bastante intensa con el Mediterráneo y, sinceramente, sería una lástima dejar fuera de esta investigación histórica a gente con semejante currículum.

El único problema de este fascinante viaje por la historia de España es que, cuanto más retrocedemos, más nos alejamos de la única pregunta que realmente importa: ¿qué ocurrió en 2026? ¿Quién sabía qué? ¿Quién decidió qué? ¿Se actuó correctamente? ¿Hubo errores? ¿Quién tiene que responder por ellos?

Porque aquí está la cuestión: nadie exige a un Gobierno que sea omnisciente. Se le exige que gobierne. Que tenga información. Que la interprete correctamente. Que coordine al Estado. Que reaccione cuando toca. Y que, si se equivoca, tenga la decencia de decirlo y rectificar. Eso no es de izquierdas ni de derechas. Eso es lo mínimo.

Por eso lo preocupante de Ceuta no es que el Gobierno pueda haber cometido errores. Lo preocupante sería que, después de una crisis de esta magnitud, su principal preocupación pareciera ser demostrar que la culpa siempre pertenece a otro. Y ahí es donde la cuestión deja de ser partidista y pasa a ser institucional.

Porque los ciudadanos no votan para que un Gobierno gane discusiones con la oposición. Votan para que gobierne. No necesitan que les expliquen que Ayuso es mala, que Feijóo es peor, que Vox es peor todavía o que Aznar tiene la culpa de todo lo ocurrido desde 2004.

Necesitan saber qué hicieron quienes tenían la responsabilidad cuando ocurrió.

Así que sigamos buscando culpables. Aznar. Ayuso. Los fascistas.Felipe II. Los Reyes Católicos. Los fenicios.

Si hace falta, podemos seguir retrocediendo hasta encontrar al primer ser humano que decidió ponerse de acuerdo con otro a orillas del Mediterráneo.

Lo único que parece complicado es detenerse en 2026. Porque en 2026 sabemos perfectamente quién gobierna.

Y esos, a diferencia de Felipe II y de los Reyes Católicos, tienen una pequeña desventaja: están vivos, tienen despacho y pueden contestar.

Quizá esa sea, después de todo, la única lección moral que nos hacía falta.

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