Llanes,
R. DÍAZ / D. BÁRBARA
La alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, tendrá que declarar como imputada el próximo 4 de junio, en el Juzgado de la capital llanisca, por un presunto delito de tráfico de influencias, por la concesión a su hermano, a dedo, del suministro de piedra caliza para la pavimentación del puerto. La titular del Juzgado de Llanes, Beatriz Serrano Díez, ha llamado también como imputados, por supuestos delitos de prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias, a la que fuera concejala de Empleo, María Antonia García Arenas, a un técnico municipal de Urbanismo y al hermano de la Alcaldesa. La juez llanisca ha atendido así las peticiones del fiscal y del PP local, que presentó la querella y que actúa en el caso como acción popular, tras haber presentado una fianza de 2.000 euros.
La Alcaldesa aseguró ayer que todos los imputados están «tranquilos. Esperamos que sirva para dar por cerrado un tema desagradable», añadió. Álvarez Campillo pidió a los dirigentes conservadores que respeten a los vecinos de Llanes, porque «este proceso nos puede llevar a cerrar alguna empresa de este municipio». No aclaró más.
La querella del PP señaló a Álvarez Campillo como presunta autora de un delito de tráfico de influencias, ya que desde su cargo «pudo influir dolosamente» en la concejala y el técnico municipal para que se concediera a la empresa de su hermano la contratación del suministro de piedra caliza para la obra. Todo ello, «en la más absoluta clandestinidad y vulnerando la legalidad vigente», según el PP.
El PP señaló a María Antonia García Arenas, en el momento de la querella concejala de Empleo, como presunta autora de un delito de prevaricación, al haber «dictado a sabiendas de su injusticia resoluciones arbitrarias» por las que concedió a la empresa del hermano de la Alcaldesa el suministro de piedra caliza. Además, el PP señaló a un técnico de Urbanismo como presunto responsable de un delito de falsificación en documento público, al haber emitido informe, «faltando dolosamente a la verdad al decir en el mismo que solamente una empresa, la del hermano de la Alcaldesa, podía suministrar piedra caliza al Ayuntamiento».
Finalmente, el PP se querelló contra el hermano de la Alcaldesa como presunto autor de un delito de tráfico de influencias, «al haber podido influir dolosamente» en la concejala y el técnico de Urbanismo para que le fuera adjudicada la contratación del suministro de piedra para la pavimentación del puerto.
