Infiesto,

Víctor G. CALLEJA

Los ánimos siguen calientes en Piloña. La manifestación convocada por la plataforma de afectados por el «Catastrazo» acabó en bronca contra el alcalde piloñés, el socialista Camilo Montes, quien a la salida del Pleno que se celebró ayer por la tarde, se vio acorralado por los manifestantes. Parte del centenar de vecinos que le esperaban a la salida del Consistorio rodeó el coche del regidor y, durante unos tensos minutos, le impidieron el paso.

Varios agentes de la Policía Local y la Guardia Civil intentaron calmar a los exaltados manifestantes. Alguno de ellos golpeó los cristales del vehículo de Montes, quien finalmente pudo abandonar la zona, con pancartas en el parabrisas trasero en las que se leía la leyenda: «Catastro, solución».

Con anterioridad, la Corporación municipal había celebrado un Pleno, con asuntos más bien técnicos y anodinos en el orden del día. Sin embargo, la concentración de afectados por el «Catastrazo» frente al edificio consistorial se hizo oír en el interior durante toda la sesión plenaria con pitidos, cencerros, sirenas y gritos con megáfono.

Al final de la sesión, y a preguntas del portavoz de la oposición, Juan Roberto Pérez, sobre las quejas vecinales, el Alcalde aseguró que la gerencia del Catastro se comprometía a «corregir los errores con carácter retroactivo» y que «el Ayuntamiento estudiará la posibilidad de aplicar alguna que otra exención».

La manifestación se celebró después del fallido encuentro del miércoles, de tres horas, entre el alcalde de Piloña y varios miembros de la plataforma, al que también acudió un técnico de la gerencia del Catastro. Las explicaciones del equipo de gobierno no sirvieron para aplacar los ánimos del colectivo. El portavoz de los afectados, Óscar Roces, explicó que durante esa reunión el regidor «no dio el brazo a torcer y sólo dijo que el Ayuntamiento había hecho sus deberes». Sobre la propuesta de los vecinos de rehacer la ponencia de valores, que regula las bases catastrales sobre las que se aplican los impuestos, recibieron una rotunda negativa. «El Alcalde reconoció que las deudas del Ayuntamiento obligaban a hacerlo así», aseguró Roces.