06 de febrero de 2010
06.02.2010

La central nuclear que nunca llegó

La oposición de vecinos y alcaldes de varios municipios cántabros y asturianos paralizó, en 1977, los planes energéticos de Electra de Viesgo cerca del límite de ambas regiones

06.02.2010 | 01:00
La «zanjona» en la que se realizaron los sondeos previos a la construcción de la central.

Prellezo / Santillán (Cantabria), Rebeca AJA

El actual debate sobre la energía nuclear tuvo precedentes en la comarca oriental asturiana. En la década de los setenta del siglo pasado, la construcción de una central nuclear en la localidad cántabra de Santillán (San Vicente de la Barquera) desató un amplio movimiento de oposición en los municipios cántabros y asturianos de la zona. La cercanía del punto fijado para levantar la instalación con el límite de Asturias y Cantabria -la central se hubiera construido a escasos diez kilómetros de Ribadedeva- terminó implicando a ciudadanos y políticos asturianos. Las movilizaciones populares triunfaron y la anunciada central nuclear nunca llegó.


La polémica saltó de provincia y las manifestaciones en contra del plan liderado por la compañía Electra de Viesgo no tardaron en adquirir pujanza. El proyecto nuclear desató un debate municipal a un lado y otro del río Deva que colearía durante años. La instalación estuvo a punto de construirse, Electra de Viesgo compró 71,6 hectáreas de terreno (unos 71 campos de fútbol) en una franja costera que abarcaba superficie de los términos municipales de San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente. Sin embargo, los planes de la compañía eléctrica se paralizaron. La razón más argumentada fue la fuerte oposición popular y el rechazo unánime de los alcaldes cántabros y asturianos.


Tres décadas después del fallido intento, Vicente Sánchez García recuerda los nueve años que pasó, a las órdenes de Electra de Viesgo, negociando y comprando los terrenos para la central. Recupera ese episodio mientras pasea por la primera de las fincas que compró, camino de los acantilados de Santillán, con la intención de mostrar a LA NUEVA ESPAÑA el lugar exacto donde se pretendió ubicar la central, la playa de Las Fuentes.


«Llegué a comprar 4.000 carros de tierra a un precio de 7.500 pesetas el carro (medida que equivale a 179 metros cuadrados), no estaba bien pagado de aquella», relata este jubilado de Electra de Viesgo. Él fue la persona escogida por la compañía para una tarea con luces y sombras. En calidad de empleado pero, sobre todo, por su condición de arrendatario de varios terrenos en el punto de mira de Electra de Viesgo y buen conocedor y conocido de la zona, dado que era vecino de una de las localidades afectadas, Prellezo, a Vicente Sánchez le tocó un papel de mediador que le granjeó algún disgusto.


«Decían que me iban a tirar el coche a la mar, un Simca 1000 que había comprado con mucho sacrificio, pero la empresa me contestaba que no me preocupara, que al día siguiente tenía un coche nuevo», relata este vecino. «Compraba las fincas al paisano que fuera y a la hora que fuera, después las medía, iba a la notaría a San Vicente de la Barquera con la medición, avisaba al abogado para que trajera el dinero en un talón y hacía la escritura», narra Sánchez García.


Sobre los acantilados de Santillán, junto a la ensenada de la playa de Las Fuentes, Vicente muestra la «zanjona» que llegó a hacerse con motivo de los sondeos previos a la obra. Un profundo cauce con forma de herradura testifica el intento de construir una central nuclear en Santillán. Intento que vivía su momento álgido en 1977, cuando la polémica tiene alcance nacional. El 19 de abril de ese año, el diario «El País» se hace eco de la creciente oposición a la nuclear en Cantabria y Asturias, y explica como doce alcaldes de ambas regiones «han acordado oponerse unánimemente a la instalación de la central nuclear de Santillán, en el transcurso de una reunión celebrada en el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera». Reunión a la cual asistieron los representantes municipales de San Vicente de la Barquera, Comillas, Cabezón de la Sal, Rionansa, Udías, Valdáliga, Ruiloba, Lamasón y Val de San Vicente, por parte de Cantabria y Ribadedeva y Llanes por parte de Asturias.


Dos meses antes, el 15 de febrero de 1977, el entonces alcalde de Ribadedeva, Carlos Cortés, había convocado un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: dar lectura de una moción para solicitar el aplazamiento de la construcción de la nuclear en Santillán, «dada la transcendencia que para la comarca traería consigo» y la situación de «transitoriedad» de las corporaciones municipales en un «momento político» que «no es el más adecuado para enfrentarse a tal problema», reza en el acta de Alcaldía depositada en el Archivo Histórico Municipal de Ribadedeva. El mismo documento recoge los acuerdos alcanzados en el Pleno. Primero, que Electra de Viesgo informe al Ayuntamiento y vecindario de las facetas «tanto positivas como negativas que pueda implicar la instalación de la central nuclear a toda la comarca». En segundo lugar, que se posponga la construcción hasta después de las elecciones municipales (las primeras de la Democracia fueron en el año 1979) para que «sean las nuevas corporaciones designadas por el voto popular, las que informen sobre la central nuclear». Por último se insta a los Ayuntamientos de Llanes y Peñamellera Baja a que se adhieran a la moción de la alcaldía de Ribadedeva.


En el año 1983, unas declaraciones del entonces consejero de Industria de Cantabria, Ambrosio Orizaola, reavivaron la polémica. Ese año, el alcalde de San Vicente de la Barquera y presidente de la Asamblea Regional de Cantabria, Isaac Aja, convocó a la corporación barquereña para reafirmar la oposición al proyecto. La sesión de la asamblea cántabra, celebrada el 28 de enero de 1983, vuelve a hacerse eco de la oposición, seis años atrás, de los municipios cántabros y asturianos a la central nuclear.

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