Oviedo, Ramón DÍAZ
PP e IU decidieron ayer darse siete días de margen para revisar los aspectos jurídicos de la ley para integrar el Hospital del Oriente en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). Ambas formaciones aspiran a que la redacción final de la proposición de ley, rechazada por el PSOE, dé respuesta al «objetivo político» de que la integración del Hospital de Arriondas sea «total y definitiva», según manifestaron los diputados regionales y ponentes de la ley Carlos Galcerán (PP) y Diana Camafeita (IU).
Para lograr una integración «sin marcha atrás» hace falta que el texto de la proposición de ley tenga un «contenido jurídico impecable». Fue el argumento de Galcerán y Camafeita al decidir que la ponencia de la ley, que iba a concluir ayer sus trabajos, se reúna de nuevo el próximo martes, cuando, salvo imprevistos de última hora, se presentará el texto definitivo. Hasta ese día, los juristas del PP e IU revisarán detalladamente los aspectos técnicos y jurídicos de la proposición. PP e IU, en todo caso, mantienen su objetivo de que la proposición de ley sea abordada el 2 de marzo por la Comisión de Salud y Servicios Sociales, y que el día 12 de marzo sea debatida por el Pleno de la Junta General.
La parte política de la proposición de ley, en la que se exponen los motivos de la iniciativa parlamentaria, ha quedado definitivamente perfilada. PP e IU fundamentan la necesidad de que se proceda a la integración señalando que el hospital nace por iniciativa pública, se financia con capital público y su gestión ha estado siempre controlada por los poderes públicos. PP e IU aspiran a que el Sespa gestione el Hospital de Arriondas directamente, y no a través de una fundación como ahora ocurre, para que su funcionamiento sea «idéntico» al del resto de los hospitales de área asturianos. A la vez, la proposición establece la integración de la plantilla en el Sespa, por sucesión empresarial, manteniendo su actual situación laboral.
Con la parte política -la exposición de motivos- definitivamente cerrada, PP e IU aún podrían introducir pequeños cambios en el articulado, en el que se abordan los aspectos técnicos de la integración. El texto definitivo podría conceder al Gobierno del Principado un plazo de seis meses para adaptar el mapa sanitario regional a la nueva ley. Lo que no se recogerá en el texto final será una fecha concreta para que la ley entre en vigor, como ocurría en la redacción inicial. Así las cosas, la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA). También ha desaparecido del articulado cualquier alusión a la disolución de la Fundación pública que gestiona el hospital, al no ser ese extremo objeto de la ley.
