PSOE e IU escenifican un nuevo desencuentro al aprobar la Junta la integración del Hospital

PP e IU sacaron ayer adelante en la Junta General la ley para la integración del Hospital de Arriondas en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) en contra de la voluntad del PSOE, que considera que el texto puede ser declarado «inconstitucional» porque «está lleno de irregularidades», al tiempo que considera que «es un mandato vacío» al haberse cumplido algunos de sus preceptos. La aprobación de la ley, entre reproches de ambos bandos, y con aplausos por parte de los trabajadores del centro que llenaron la tribuna de visitas del Parlamento, concretaba la ruptura que la cuestión ha provocado en seno del Gobierno de coalición PSOE-IU. Y aun así desde ambas partes se defiende la salud del bipartito ya que el problema del Hospital de Arriondas no está incluido en el pacto de Gobierno.

IU y PP sumaron sus votos frente a los de los socialistas (algo con escasos precedentes en la historia del Parlamento asturiano) para dar rango de ley al desembarco del Hospital de Arriondas en el Sespa, con 300 trabajadores, y acabar así con «una situación inconcebible para un sistema equitativo» ofreciendo al Oriente «un hospital como los demás» que acaba con «la singularidad y la anomalía» que supone tener un centro médico gestionado por el Sespa bajo el paraguas de una Fundación.

Mientras, el PSOE aseguró que la ley y su tramitación «está plagada de irregularidades de procedimiento muy serias» lo que, auguró, es «motivo de inconstitucionalidad», pero sin posicionarse sobre si cumplirá la ley y advirtiendo que el recurso ante el Tribunal Constitucional es prerrogativa del Gobierno central. Asimismo, señaló la amenaza planteada por varios profesionales del Sespa de recurrir la ley.

Diana Camafeita (IU) denunció los intentos del PSOE para que esto no se llevara a cabo. «No sólo no se hicieron esfuerzos para la integración del Hospital, sino que se fomentó una situación enrarecida que afectó a la plantilla y la atención prestada en el centro», dijo. La diputada considera que las posturas «inamovibles y no razonadas» de los socialistas en este caso «son difíciles de entender y fomentan sospechas». ¿Qué sospechas? Camafeita fue clara a la hora de explicarlas, ganándose los primeros reproches desde la bancada socialista. Desde IU se cree que la intención del Gobierno socialista de no integrar el hospital pasa por mantener «un ancla en el sector privado que oriente la gestión en los futuros hospitales» y que esta situación podría poner «en riesgo todo el sistema»; pero gracias a la ley «se ha logrado reforzar su carácter público».

Por su parte, Carlos Galcerán (PP), tildó la jornada de ayer de «día histórico» en el que los ciudadanos del Oriente dejarán de pagar «los mismos impuestos que el resto para recibir unos servicios sanitarios de segunda». Galcerán criticó el cambio de postura del PSOE, que «en 2000 participaba en manifestaciones para la integración del Hospital y ahora se niega a ella con argumentaciones falaces».

Mientras, Fernando Lastra (PSOE) repelió los ataques de IU recomendando a sus miembros que «no vayan de la mano del PP si pretenden combatir el modelo sanitario de Esperanza Aguirre» y advirtió de que a veces, «por hacer el bien, se hace el mal». Lastra rememoró que el letrado de la Junta «se eximió de cualquier responsabilidad» ante el texto de una ley que, según el diputado, «es un mandato vacío» ya que algunos de sus preceptos ya se están cumpliendo. Sobre la inconstitucionalidad de la ley aseguró que «ya se pronunciará quien tenga que hacerlo, pero un incumplimiento del reglamento como el que se ha producido es motivo de inconstitucionalidad».