El Estado deja a Areces la decisión de llevar al Constitucional la ley del Hospital

M. TORAÑO / J. M. C. /

Pablo GONZÁLEZ

Antonio Trevín, delegado del Gobierno en Asturias y ex presidente socialista del Principado, dejó ayer en manos del Ejecutivo regional, que encabeza Vicente Álvarez Areces, y del PSOE, la decisión sobre qué hacer en cuanto a la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley de integración del Hospital de Arriondas «Grande Covián» en el Servicio Público de Salud del Principado (Sespa), aprobada el viernes.

Frente a esta posición destaca la de los socialistas asturianos, cuyo líder y portavoz en el Parlamento, Fernando Lastra, aseguró, durante su intervención en el debate de la ley, que «sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad ya se pronunciará quien tenga que hacerlo», en referencia a que la decisión no está en manos de las instituciones asturianas, y sí del Gobierno central. Los socialistas sí entienden que la ley arrastra «importantes vicios» de procedimiento que hacen que la ley sea anticonstitucional, pero evitan aclarar sin moverán ficha en este sentido.

Mientras desde PP e IU, formaciones cuya alianza temporal sirvió para sacar adelante el texto legislativo contra la opinión de los socialistas y que fue motivo de un nuevo enfrentamiento en el seno del Ejecutivo asturiano, formado por bipartito PSOE-IU, animaron a Areces a aceptar la derrota parlamentaria y a poner en marcha la ley.

Pase lo que pase, para Antonio Trevín la iniciativa política para recurrir la ley «tiene que venir de los órganos asturianos, del Grupo parlamentario Socialista o del Gobierno autonómico». El delegado del Gobierno explicó que no le corresponde a él «ni por competencias ni por legitimidad» decirles a otros organismos cuáles deben de ser sus decisiones. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que un recurso de inconstitucionalidad parta del Gobierno central, el delegado agregó que «como Gobierno de España en ese tema no hemos entrado todavía para nada».

Trevín tiene claro que la ley aprobada gracias a la pinza PP- IU «responde a una propuesta legítima presentada por dos grupos políticos, pero que hace referencia exclusivamente a aspectos laborales», apuntó Trevín. Y aclaró que tanto el Grupo parlamentario Socialista como el Gobierno del Principado «tienen esa misma legitimidad» para estudiar las medidas oportunas. «La discusión política y el ámbito competencial está claramente en el ámbito autonómico y serán ellos los que tomen la decisión que crean más adecuada», añadió.

Mientras, para la diputada de IU Diana Camafeita «no está muy claro» cuál es la posición socialista, aunque espera que «se imponga la sensatez y se aplique una ley que es muy sencilla y clara». Camafeita asegura que los socialistas «no tienen argumentos de fondo para oponerse a la ley». Por su parte, Carlos Galcerán, diputado del PP, opina que «el PSOE haría bien en aplicar la ley. Creo que han visto un poco de luz ahora que se han quedado solos».

Al tiempo, Javier Fernández, secretario general de la Federación Socialista Asturiana, aseguró ayer que la postura socialista quedó «perfectamente clara con la intervención de Fernando Lastra, así que no tengo que apostillar nada; cualquiera que lo quiera saber no tiene más que leer el diario de sesiones. También lo colocaremos en la web del partido».