Oviedo
La ruta para que la ley de integración del Hospital de Arriondas en el Servicio de Salud (Sespa) sea impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC) puede seguir cuatro caminos diferentes: a través de particulares que acudan a un juzgado, de manos del Defensor del Pueblo, mediante una iniciativa de 50 diputados nacionales o 50 senadores, o incluso directamente a través del presidente del Gobierno de España.
De ahí que los socialistas asturianos asuman que la presentación del recurso de inconstitucionalidad de la ley no sea responsabilidad suya.
Aunque en más de una ocasión sus dirigentes, tanto parlamentarios como responsables del Gobierno regional, han deslizado la existencia de unos 300 escritos presentados por trabajadores de las sanidad, tanto de la asturiana como de otras comunidades, anunciando que recurrirían la ley si los empleados del Hospital de Arriondas se convierten en personal de Sespa sin concurrir a las correspondientes convocatorias de empleo público.
Éste es uno de los motivos por los que tanto desde el PP como desde IU, los precursores de la ley frente a la oposición del PSOE, se insista en que los 300 trabajadores del Hospital de Arriondas mantengan su mismo estatus laboral. «Nadie entrará por la puerta de atrás», insisten populares y comunistas ante las acusaciones del PSOE de que uno de los problemas de esta ley es que deja en el aire los puestos de trabajo de todos los empleados del centro médico de referencia del oriente asturiano con motivo de la integración en el sistema de salud pública.
El Gobierno del Principado tendrá seis meses, si no hay novedad, para aplicar la ley desde la publicación del texto en el «Boletín Oficial».
