Arriondas, Ramón DÍAZ

El Gobierno central tiene «dudas» sobre la constitucionalidad de la ley de integración del Hospital del Oriente en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). Tanto así que ha solicitado «aclaraciones» sobre la Ley al Gobierno del Principado. La petición de la Administración central se produce después de que el Defensor del Pueblo haya trasladado las quejas de varios ciudadanos por la forma en que se propone realizar la integración del personal del Hospital en el SESPA. Ante las dudas sobre la constitucionalidad de la Ley, aprobada en febrero con el respaldo de PP e IU y el voto en contra del PSOE, el Estado ha propuesto la creación de una comisión bilateral que analizará el texto legal y negociará la resolución de las dudas planteadas.

Las dudas que ha trasladado el Defensor del Pueblo al Ministerio de Política Territorial se corresponden con la integración del personal. La Ley de integración del Hospital señala que el personal conservará «el conjunto de sus derechos laborales activos y pasivos, categoría profesional y puesto de trabajo en el Hospital del Oriente», mientras que el personal que se incorpore en el futuro al centro lo hará «de conformidad con las disposiciones generales vigentes en materia de personal que resulten aplicables al personal de servicio de salud del Principado de Asturias».

El Defensor del Pueblo ha trasladado un escrito en el que se hace eco de las quejas de un grupo de ciudadanos, principalmente trabajadores sanitarios asturianos, sobre este apartado, en el que considera que éstos plantean «dudas razonables sobre el texto de la Ley». No obstante, el Defensor del Pueblo ha decidido no ejercer su potestad de presentar directamente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Las quejas de los ciudadanos que pidieron amparo al Defensor del Pueblo se refieren específicamente a la forma en que el personal de la actual fundación pública que gestiona el Hospital Grande Covián se integraría en el SESPA, ya que los integrantes de la plantilla «no han accedido a sus puestos de trabajo de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad», según argumentan los recurrentes.

A la vista de estas consideraciones, el Ministerio de Política Territorial ha solicitado al Principado el inicio de un procedimiento previsto para estos casos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece la constitución de una comisión bilateral, integrada por representantes de las administraciones regional y central, para negociar una solución a las dudas planteadas. En caso de que la propuesta de Política Territorial sea aceptada, el plazo para la interposición de un recurso contra la Ley de integración del hospital pasaría de 3 a 9 meses, venciendo entonces el 20 de diciembre de este año. Hasta entonces, ambas Administraciones tratarán de aclarar las dudas sobre el texto y adoptarán, si procede, el correspondiente acuerdo.

PP e IU, lo mismo que el comité de empresa, criticaron ayer con dureza la decisión del gobierno central, que consideran una «maniobra política interesada» que persigue retrasar la integración.

El PSOE prefirió evitar cualquier tipo de manifestación hasta conocer en detalle la propuesta de Política Territorial y sus consecuencias sobre la Ley de integración.

Los socialistas ya habían advertido en varias ocasiones sobre la presunta inconstitucionalidad del texto. PP e IU, por el contrario, defendieron su legalidad y le hecho de que la Ley de integración del Grande Covián acababa con una «anomalía» en la sanidad asturiana: que los ciudadanos del Oriente tuvieran como hospital de referencia a un centro gestionado por una fundación (privada hasta hace unos meses y ahora pública) y con trabajadores ajenos a la red sanitaria pública regional.