28 de diciembre de 2011
28.12.2011
Una polémica urbanística que no cesa
 

Llanes permite obras en planes parciales anulados por el Supremo, denuncia Avall

El Ayuntamiento concedió licencia para construir un chalé en la urbanización de La Raizona 4 meses después de que el Supremo anulara el Plan General

28.12.2011 | 01:00
Obras de construcción de un chalé en el plan parcial de La Raizona, en Pancar (Llanes).

Llanes, R. DÍAZ / E. G. CEA

El conflicto urbanístico no cesa en Llanes. Casi un año después de que el Tribunal Supremo anulara definitivamente el Plan General de Ordenación y dejara al concejo sin normativa municipal (las dos planeamientos anteriores, de 1992 y 1987, también fueron anulados por los Tribunales de Justicia), se siguen concediendo licencias y se ejecutan obras en varias urbanizaciones. La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) ha recopilado información y fotografías y ha presentado varias denuncias en el Ayuntamiento y en el Principado, al estimar que todo ello es presuntamente ilegal.


La primera denuncia por presuntas ilegalidades urbanísticas tiene que ver con el plan parcial de La Raizona, en Pancar. Allí el Ayuntamiento concedió una licencia de obras para construir un chalé el 31 de mayo pasado, cuatro meses después de que el Plan General fuera anulado por el Supremo. Avall lo tiene muy claro: aquel permiso municipal se otorgó, presuntamente, sin ningún amparo legal, pues no existía en ese momento ninguna normativa reguladora para la concesión de licencias en el municipio. La licencia de La Raizona le reportó al Ayuntamiento de Llanes un ingreso de 8.904 euros.


La segunda denuncia tiene que ver con el plan parcial de La Llavandera, donde continúan las obras de urbanización. En este caso concreto la denuncia de Avall coincide con las conclusiones de un informe elaborado el pasado 21 de noviembre por el vigilante de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes, quien constató que se está completando la urbanización de las calles Borizu y San Antolín (remate de aceras y acondicionamiento de viales para posterior asfaltado). Además, el vigilante señaló en su informe que en una de las parcelas de la urbanización se realizaron tareas de limpieza y movimiento de tierras, «que afecta a roca para acondicionar y allanar la misma, no realizando por el momento ninguna excavación para la cimentación de vivienda». El vigilante añadió que en sus archivos «no se encuentra ninguna licencia para el citado movimiento de tierras» a nombre de la empresa promotora del plan parcial. Avall va más allá y asegura que los movimientos de tierras se han llevado por delante un cueto, en una zona en la que «se trabaja a toda máquina, incluso por las noches y durante días festivos».


La agrupación vecinal llanisca subrayó que ha denunciado el plan parcial de La Llavandera reiteradamente desde 2008; sobre todo, en lo que se refiere a la construcción de un gran muro de contención que, supuestamente, ya contravenía la normativa urbanística anulada por el Supremo, pues se creó para modificar «por completo la orografía del terreno y "fabricar" suelo edificable». En esa zona se inició en su día la construcción de una vivienda unifamiliar, en la actualidad paralizada por las denuncias de Avall.


Pero el colectivo, declarado de utilidad pública por el Gobierno español, no dirige únicamente sus críticas a los responsables del Ayuntamiento, sino que estas alcanzan también a los responsables de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), donde «siguen los mismos que tuvieron la responsabilidad de vigilar y corregir las situación jurídica de los sucesivos planeamientos anulados por los Tribunales», según destacó la secretaria de Avall, María José Rodríguez, quien añadió: «¿qué se va a esperar de ellos si se trata de la misma gente, que continúa con los mismos comportamientos?».


Según Avall, las obras de La Llavandera, que presuntamente «ya incumplían la legalidad vigente antes de la anulación de la normativa», incurren ahora en una ilegalidad aún «mayor», al ejecutarse «al amparo normativo de la nada; es decir, a sabiendas, tanto por parte del Ayuntamiento como de la promotora, de que el plan parcial ha sido, como el resto del Plan General, anulado por el Supremo».

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