Llanes, Ramón DÍAZ
El Ayuntamiento de Llanes deberá pagar a la Seguridad Social 34.902,13 euros por haber tenido a una trabajadora sin contrato durante cuatro años. Así se indica en una sentencia emitida por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Oviedo, que ha desestimado un recurso del Ayuntamiento contra la liquidación realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la falta de alta y cotización de la arquitecta Ana María Martínez-Radío Álvarez, quien trabajó sin contrato para el organismo local del 3 de octubre de 2003 al 11 de octubre de 2007. El Ayuntamiento, que aún puede recurrir el fallo, debe abonar 33.652,13 euros por las cotizaciones no satisfechas a Hacienda y la Seguridad Social y una sanción de 1.250 euros.
La sentencia de la juez Belén Alicia López López viene a ratificar que existió una «genuina relación laboral» entre el Ayuntamiento y la arquitecta, como indicó la Inspección de Trabajo. La juez, que ha desestimado la pretensión del Ayuntamiento de reducir la sanción a 626 euros, ha tenido en cuenta que la empresa Dolmen, S. L. desmontó los argumentos del Ayuntamiento, que aseguró que Martínez-Radío trabajaba para esa sociedad. Un representante de Dolmen, S. L. manifestó que ésta tenía suscrito un contrato de asistencia técnica en asesoramiento urbanístico con el Ayuntamiento de Llanes, que la arquitecta no pertenecía a la empresa, que «nunca presto servicios en ella» y que ni siquiera conoce el centro de trabajo de la empresa, en Gijón. Añadió que Martínez-Radío no tenía suscrito con Dolmen, S. L. ningún contrato de servicios y que la empresa «jamás» le dio «ninguna orden de índole laboral». Añadió que, de manera verbal, las autoridades de Llanes impusieron a Dolmen, S. L. que fuera la intermediaria entre el Ayuntamiento y Ana Martínez-Radío. Por eso mensualmente se le abonaba a la trabajadora, a través de Dolmen, S. L., una cantidad por sus servicios, sin que la empresa percibiera «ningún beneficio por esta mediación».
Los hechos fueron destapados hace tres años por la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), que los denunció ante la Inspección de Trabajo y la fiscalía anticorrupción de Madrid. La querella de Avall reflejaba que Martínez-Radío fue «contratada sin contrato» por el Ayuntamiento, presidido entonces por Antonio Trevín y que la arquitecta llegó a informar y firmar 953 licencias de obra en Llanes en calidad de «arquitecta asesora» y «arquitecta municipal».
Avall recordó ayer que el Ayuntamiento también ha sido condenado a pagar 500.000 euros por el derribo de un chalé ilegal en Niembru, lo que supone «una sangría sin precedentes», que «deslegitima por completo a un gobierno que tiene la poca vergüenza de jactarse en publico de que "pese a lo mal que lo hace, los llaniscos les siguen otorgando la mayoría absoluta"».
