Cangas de Onís
Doce colectivos ecologistas y animalistas denunciaron ayer irregularidades en la autorización de la muerte de lobos en el parque nacional de los Picos de Europa. Estas asociaciones han denunciado que, según los datos oficiales aportados por la consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez González, actual Presidenta del Consorcio de los Picos, desde el 1 de enero al 1 de agosto de este año (fecha del dictado de la resolución que autorizaba matar ejemplares de lobo en la zona asturiana del Parque) los ganaderos solicitaron indemnización (aún sin estimar) por la muerte de tres animales: uno en Guznuevu (Cangas de Onís) el 28 de junio de 2012; otro el 4 de julio de 2012 en Les Texuques de Arriba (Cangas de Onís) y un tercero el 28 de junio de 2012 en Mohandiello (Onís). Los conservacionistas destacaron que este año accedieron al parque nacional más de 20.000 cabezas de ganado.
«Esta es una prueba contundente de que las resoluciones administrativas que autorizan la muerte de lobos se han adoptado al margen de la legalidad, que solo permite que se lleven a cabo controles de fauna cuando se haya constatado un "daño significativo" en el ganado. Este es el año que menos incidencia está teniendo la especie en las ganaderías, y a pesar de ello, se ha autorizado la muerte de seis ejemplares de lobo en el Parque, en época de cría de las especies de fauna y mediante el método de batida, que es el más agresivo para el medio natural», indicaron los ecologistas, quienes destacaron que estas batidas se realizan «con la participación de cazadores locales, a pesar de que la normativa exige que sea personal especializado».
Los ecologistas reclaman desde hace años a la dirección del Parque medidas para evitar la «sobrecarga ganadera», así como para evitar que los animales domésticos estén «desatendidos y desprotegidos». Reclamaron, asimismo, «la máxima diligencia a la hora de verificar los daños al ganado y su verdadera causa, pues muchos terneros mueren al nacer y se trata de atribuir su muerte a la presencia del lobo». Los ecologistas y animalistas denunciaron la «ausencia absoluta de justificación legal y moral de la drástica y desproporcionada medida, que sigue ejecutándose a pesar de estar está envuelta en todo género de despropósitos, y que obedece exclusivamente a la presión ejercida desde el sector ganadero a los poderes políticos».
