El «plan Agua» hace aguas. Varios alcaldes alertaron ayer del riesgo de perder la millonaria ayuda europea para el plan de uso y gestión del agua en el parque nacional de los Picos de Europa, conocido popularmente como «plan Agua», un ambicioso programa que prevé ejecutar 32 actuaciones en los Picos de Europa y su entorno, con una inversión global de 48 millones de euros. Una decena de ellas aún está pendiente de ejecutar. PP y Foro señalan como responsable de la paralización de los proyectos al Principado, que se comprometió en 2007 a aportar el 20 por ciento del dinero necesario para ejecutar las actuaciones previstas.
Un protocolo firmado el 21 de mayo de 2007 por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Gobierno del Principado -sin contar con los ayuntamientos afectados- establece que el organismo estatal asume el 80 por ciento del coste total de las obras (38,4 millones de euros), con dinero procedente de ayudas de la Unión Europea (fondos FEDER). El resto (9,6 millones de euros debe ser aportado por el Ejecutivo asturiano.
El riesgo de perder las ayudas es, según los alcaldes, evidente: las obras deben ser licitadas antes del 31 de diciembre de este año y tienen que entregarse antes del último día de 2015. La clave, también en este caso, es el dinero.
La presión que los alcaldes de los Picos han ejercido en los últimos meses para que el Principado asumiera su compromiso de cofinanciar las obras tuvo una inesperada respuesta el pasado mes de noviembre, cuando la Confederación y el Principado exigieron a los ayuntamientos que aportaran los terrenos necesarios para acometer las obras. Los regidores se rebelaron, primero, porque nadie contó con los ayuntamientos para elaborar el protocolo de actuaciones, y segundo, porque la mayoría carece de capacidad económica para asumir el coste de las expropiaciones.
Cabrales, por ejemplo, tendría que pagar 600.000 euros para expropiar los terrenos necesarios para acometer la ordenación hidráulico sanitaria del río Casaño, entre Carreña y Arenas, un proyecto presupuestado en 14,7 millones. Inasumible para un Ayuntamiento con apenas 4 millones de presupuesto anual, tal como reconoció ayer el regidor local, Carlos Puente, de Foro, quien aseguró que, a falta de otras posibilidades de presión, ejercerá su derecho al pataleo hasta lograr que alguien asuma el coste de las expropiaciones.
Los alcaldes del PP, mientras tanto, han decidido pasar a la acción y han dejado la pelota en el tejado del Principado. Así, el alcalde de Peñamellera Baja, el popular José Manuel Fernández, mostró su predisposición a ceder a la Confederación los terrenos necesarios para acometer la ordenación hidráulico sanitaria del río Deva en Panes, un proyecto con un coste total de 5,1 millones. Las expropiaciones para ejecutar esa obra costarán unos 220.000 euros, pero el regidor de Peñamellera Baja, uno de los ayuntamientos más saneados de Asturias, está dispuesto a superar esa traba negociando con los cerca de doscientos propietarios afectados y, si se hace necesario, poniendo dinero de las arcas municipales para las expropiaciones.
El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, del PP, sigue el mismo camino que su colega peñamellerano: está dispuesto a ceder a la Confederación los terrenos necesarios para acometer la renovación de la red de abastecimiento de agua a la capital del concejo, un proyecto presupuestado en 2,8 millones. En este caso, el regidor cuenta con una ventaja sobre sus colegas: el proyecto fue modificado para que discurriera en casi su totalidad por terrenos públicos o ya expropiados anteriormente, por lo que el coste final de las expropiaciones sería prácticamente nulo.
La alcaldesa de Peñamellera Alta, Rosa Domínguez de Posada, de foro, sólo tiene pendiente la ejecución de un proyecto modificado en su día: la construcción de las instalaciones necesarias para bombear las aguas negras hasta la depuradora de El Tojo. Claro que esta estación debería ser también mejorada y ampliada para asumir la nueva situación. La regidora desconocía ayer la situación de este proyecto, concluido hace meses.
El alcalde de Amieva, José Félix Fernández, de Foro, es el único de los consultados que no tiene obras pendientes del «plan Agua». Este periódico intentó sin éxito hablar también con el regidor de Onís, el socialista José Manuel Abeledo. En Onís está pendiente la redacción del proyecto de ordenación hidráulico sanitaria del río Güeña, en el tramo de Avín y Corao, que permitiría transportar los vertidos de Onís hasta la depuradora de Cangas.
La primera reacción a la «rebelión» de los alcaldes de los Picos de Europa llegaba en diciembre, cuando el Gobierno del Principado proponía una salida a la paralización del «plan Agua»: la declaración de las obras pendientes de interés general, lo que permitiría disponer en breve plazo de los terrenos necesarios para la ejecución de los proyectos. Claro que el Estado replicó al Principado asegurando que la declaración de interés general de las obras retrasaría la ejecución y, por lo tanto, impediría el acceso a la financiación comunitaria.
