El presidente del Gobierno, el conservador Francisco Silvela, convoca elecciones generales para el 26 de abril de 1903 a fin de elegir nuevas Cortes. En aquella época Asturias estaba dividida en once distritos que elegían un diputado cada uno y una circunscripción, con tres escaños. Uno de los distritos era el de Infiesto, al que pertenecían los concejos de Amieva, Cangas de Onís, Parres, Piloña y Ponga. En Infiesto se presentaron dos candidatos: el conservador José Gómez Arroyo y el liberal Manuel Uría Uría. Como era costumbre en la época, el Gobierno volcaba todo el aparato oficial en apoyar a su candidato. Además, el gran cacique Alejandro Pidal manejaba los hilos del guiñol asturiano, decidía quiénes serían los candidatos y luego, en Madrid, lograba que el ministro de la Gobernación, en este caso Antonio Maura, encasillara a sus candidatos, con lo que éstos recibían todo el apoyo oficial y eran elegidos diputados. Por ello, lo normal era que los candidatos de la oposición renunciaran a presentarse, sabiendo que era prácticamente imposible, en esas condiciones, ganar una elección.
Sin embargo, en esta ocasión el liberal Manuel Uría, que gozaba de grandes simpatías en el distrito, decidió lanzarse a la contienda electoral. Durante un mes el gobernador civil puso en movimiento todos los resortes para apoyar al conservador José Gómez: delegados gubernativos, jueces, policías, etcétera. El día de las elecciones, el pucherazo se consumó: actas dobles, cambios de los colegios electorales para engañar a los electores, etcétera.
El día 30 de abril de 1903, la Junta de Escrutinio procede a realizar el recuento para proclamar diputado al vencedor. Curiosamente, el juez que habría de presidir la Junta conferencia largamente con el gobernador civil. ¿De qué hablaron? Para amarrar más el asunto, el gobernador envía a sesenta guardias civiles, de ellos 15 de caballería, a Infiesto, para mantener el orden público. ¿Esperaba alguna revolución o temía que la gente indignada protestase por el atropello que se iba a realizar? El resultado del recuento arroja las siguientes cifras: Gómez, 3.705 votos, 63,5% de los votantes; y Uría, 2.127 votos y el 36,5%. En los concejos de Amieva, Cangas de Onís y Ponga, el censo se vuelca a favor del conservador, quE obtiene el 89%, el 80% y el 98%, respectivamente, frente al liberal.
El candidato derrotado considera que le han robado la elección pues sus interventores y notarios tienen actas con resultados diferentes, pero el corrupto juez sanciona el robo. Uría se dirige a las dos mil personas que esperan el resultado del escrutinio, les comenta lo sucedido y les solicita que, en manifestación pacífica, se dirijan al Ayuntamiento para protestar por el atropello y que luego regresen a sus casas tranquilamente para evitar provocaciones. Desde un balcón del Ayuntamiento, el padre de Gómez, el candidato vencedor, insulta a la gente, algunas personas tiran piedras al edificio, suena un disparo sin herir a nadie y sin saber de dónde procede. La doble provocación es evidente. Acto seguido, el capitán de la Guardia Civil, sin cumplir con las ordenanzas, es decir, sin el toque previo de prevención, ordena a los guardias disparar contra la multitud. La tragedia está servida. Durante diez minutos la Benemérita fusila a los pacíficos campesinos: 11 muertos (8 hombres y 3 mujeres) y casi 50 heridos de bala. El juez llega a decir que la respuesta de la Guardia Civil había sido «indispensable y ajustada a la agresión». Al día siguiente son detenidos, entre otros, Juan Uría, hermano del candidato y alcalde de Oviedo en 1901; García Cabañas, notario de Infiesto; Joaquín García, secretario de la Asociación de Agricultores de Infiesto, etcétera, todos ellos amigos políticos del candidato liberal, acusados de instigadores de la rebelión y de agresión a la Guardia Civil.
Podía respirar tranquilo Alejandro Pidal, ¡pobre de aquellos que osaran denunciar su despótico reinado en Asturias! Sólo podían esperar la muerte o la cárcel. La prensa comenta la intervención del gobernador civil, del juez, y del capitán de la Guardia Civil en toda la tragedia y solicita responsabilidades.
Ante un Consejo de Guerra, se celebra en Oviedo, los días 5 y 6 de enero de 1904, la vista contra los ocho detenidos. El fiscal solicita la libre absolución de dos y para el resto, ocho meses de prisión correccional. Durante la vista, los abogados defensores demostraron la falsedad de los testimonios del capitán y de los guardias civiles contra los detenidos, las contradicciones en sus declaraciones, llegando a decir que Juan Uría había disparado su revolver desde diferentes sitios, lo cual resultaba imposible a no ser que tuviera el don de la ubicuidad.
En resumen, el caciquismo de la Restauración borbónica al desnudo. El gobernador civil, los delegados gubernativos, el juez, el capitán de la Guardia Civil; todos lacayos al servicio de los poderosos, en este caso, del Partido Conservador y del gran cacique Alejandro Pidal. Los inocentes, procesados, y los verdaderos culpables, de paseo.
Afortunadamente, los tiempos han cambiado, ha transcurrido más de un siglo y, en la actualidad, la Guardia Civil está al servicio de los ciudadanos, al igual que los delegados del Gobierno. El caciquismo ha desaparecido en su forma burda, aunque permanece por ciertos aspectos. Sin embargo, los jueces son otro cantar; algunos como Gonzalo Moliner, respetan la Constitución y las leyes, pero otros, los menos, continúan siendo lacayos de los poderosos. ¡Ah, si yo les contase!
