El Estado, que ordenó y mandó sin oposición en los parques nacionales desde 1918 hasta 2004, quiere volver por sus fueros. Dos controvertidas sentencias, una del Tribunal Constitucional y otra del Supremo, pusieron patas arriba hace casi diez años el universo español de la conservación y el medio ambiente al dictar que la gestión de los parques nacionales corresponde por ley a las comunidades autónomas. El Estado se convirtió entonces en poco más que un florero: está presente en los órganos consultivos de los parques, pero ni pincha, ni corta. Su papel se reduce únicamente a elaborar las leyes básicas, las líneas generales de la red de parques nacionales, mientras que las comunidades autónomas ostentan todo el poder ejecutivo. Ahora el Gobierno de Mariano Rajoy quiere volver al pasado: pretende recuperar la autoridad perdida, mediante una nueva ley de Parques Nacionales. De momento, sólo hay un borrador, pero las comunidades autónomas del PSOE, entre ellas el Principado, ya han anunciado que plantearán batalla. En realidad, la «guerra» ya ha comenzado.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha puesto dos preguntas sobre la mesa: ¿deben gestionar los parques nacionales las comunidades autónomas o el Estado? y ¿debe primar en esos espacios protegidos la conservación o el desarrollo? Hay opiniones para todos los gustos. El Ministro quiere «un marco legislativo más adecuado para la colaboración y coordinación con los parques nacionales». Traducido: evitar que cada parque nacional vaya por su lado y ejecute su particular política. Y, en el caso de los Picos de Europa, impedir que cada una de las tres comunidades autónomas que lo integran -Asturias, Cantabria y Castilla y León- vaya por su lado y aplique su particular visión de lo que significa un parque nacional.
Cañete tendrá que hilar fino para cambiar la ley, porque con casi total seguridad habrá recursos de varios gobiernos autonómicos. Los ejecutivos de Asturias y Andalucía ya han manifestado su frontal rechazo al anteproyecto de la ley de Parques. El Gobierno andaluz no quiere perder la gestión de sus parques y, a la vez, teme que el PP permita con la nueva ley las actividades cinegéticas en los parques nacionales, una demanda histórica de la Federación Española de Caza.
La consejera asturiana del ramo, María Jesús Álvarez, por su lado, ha afirmado que el texto del borrador, presentado hace unos días en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, vulnera la sentencia del Tribunal Constitucional que otorgó a las comunidades autónomas el papel preponderante en los parques nacionales. Claro que el Gobierno del PP considera que aquella sentencia se basaba, precisamente, en la actual ley de Parques, la que ahora pretende cambiar. Cambiada la ley, acabado el problema, cree el PP.
María Jesús Álvarez subrayó que no hay motivo para modificar la actual ley de Parques Nacionales, porque «no está dando ningún problema». Y exigió que cualquier reforma de la norma se haga con «participación pública y con un plazo de tiempo para poder trasladar por escrito alegaciones». El Ministerio de Agricultura ya se ha comprometido a conceder un margen de tiempo «suficiente» para que todos los sectores afectados puedan estudiar el anteproyecto de ley. Lo habrá: debe aún presentarse ante el consejo de la red de parques.
Los gobiernos autonómicos contrarios a la modificación de la ley contarán con apoyos; entre ellos, los de buena parte de los ayuntamientos afectados, que desde el traspaso de los parques nacionales han visto cómo su capacidad de presión y de influencia ha aumentado notablemente. Uno de los temores de los ayuntamientos es que reviva el espíritu del desaparecido y temido Icona (Instituto para la Conservación de la Naturaleza), institución creada por el Gobierno franquista en 1971 y que durante veinte años controló con mano de hierro los parques nacionales.
Pero el Ministerio también tendrá algunos apoyos. Todo indica que la mayoría de los colectivos ecologistas vería con buenos ojos que el Estado tuviera más poder decisorio en los parques nacionales, ya que les ha pasado justo lo contrario que a los alcaldes: han perdido casi toda su capacidad de influencia en las autoridades de los espacios protegidos. No obstante, algunas asociaciones conservacionistas ya han manifestado sus reticencias ante un anteproyecto que el propio Cañete ha anunciado que persigue, por ejemplo, «potenciar el turismo en los parques nacionales».
