«El lobo debe estar en la cordillera, pero en un número adecuado, que garantice tanto su conservación como la viabilidad de la ganadería», señaló ayer en Llanes la directora general de Recursos Naturales, Fina Álvarez. Abogó por conseguir «una utopía: el equilibrio armónico» entre conservación ambiental y desarrollo de las comunidades locales. Desveló que el lobo provoca cada año la apertura de unos 3.000 expedientes por daños a la ganadería, lo que supone unos pagos de un millón de euros, aproximadamente.
Fina Álvarez, sin citar en ningún momento ni a Foro ni al anterior Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos, achacó el actual aumento de los daños por ataques del lobo en Asturias al hecho de que en la temporada pasada sólo se eliminaran en Asturias cinco lobos, un número mucho más bajo que el de las anteriores campañas, que a su juicio ha provocado que este año haya grupos de lobos «más numerosos» y «daños extraordinarios».
La directora general subrayó que la decisión de eliminar este año 66 lobos en Asturias, de una población estimada de unos 300 ejemplares, se tomó después de «cruzar» los censos realizados con los daños constatados. «Ni es un número caprichoso, ni actuamos al albur de las quejas o de la presión de los Ayuntamientos», indicó Fina Álvarez, quien destacó asimismo que la paralización de los controles del lobo en el parque nacional de los Picos de Europa no responde a una decisión política, sino a una orden judicial.
Fina Álvarez admitió que en los últimos años ha aumentado el número de grupos familiares en Asturias, hasta los 33 que podrían existir en la actualidad, y también que el lobo ha colonizado nuevos territorios. La intención de la directora general es lograr que el lobo salga de estos nuevos territorios y se circunscriba a los parajes que ha ocupado tradicionalmente.
«Queremos conservar al lobo, pero siempre defendiendo la pervivencia de la ganadería como actividad tradicional de la zona e indemnizando los daños que provoque con la mayor rapidez posible», señaló. En este sentido, admitió que el convenio firmado en 2010 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Caja Rural para abonar antes de sesenta días los daños provocados por la fauna salvaje en los Picos de Europa «ya no está en vigor». No obstante, no descartó la firma de un convenio similar para que una entidad bancaria adelante los pagos y así los ganaderos reciban las indemnizaciones con prontitud. En todo caso, destacó que a los ganaderos «les duele el ganado más allá de lo económico» y aunque «están dispuestos a soportar un cierto número de daños», este no debe superar «los límites tolerables».
Fina Álvarez cuestionó una reciente publicación de la Unión Europea que indica que la población del lobo desciende en la actualidad en el noroeste peninsular. «Descarto totalmente esa afirmación, porque hemos constatado que hay una tendencia al alza desde 1987», señaló. La directora general anunció un nuevo plan del Lobo, porque la vigencia del actual está «agotada», además de ser «mejorable en muchos aspectos», dijo.
En su opinión, el lobo no debe ser declarado especie cinegética. «Al lobo le da igual, porque se eliminaría el mismo número de ejemplares. Pero si fuera especie cinegética el pago de los daños recaería en las sociedades que gestionaran los cotos, y no creo que ni los cazadores ni los ganaderos estén de acuerdo», indicó Fina Álvarez, quien añadió que la experiencia en comunidades vecinas, donde el lobo sí es especie cinegética, muestra que tienen «los mismos problemas».
Fina Álvarez subrayó que los Picos de Europa «merece ser parque nacional por todos sus valores» y pese a que es un parque «peculiar» por la presencia en su interior de núcleos de población y de actividad humana. «No puede ser imposible que estén en pie de igualdad la conservación y el desarrollo económico y social de quienes habitan ese lugar», señaló. Desveló que el uso de veneno ha bajado «muchísimo» con respecto a otras épocas, aunque «repunta en momentos de conflictividad social, como el actual».
