Satisfacción entre los alcaldes, optimismo moderado entre los ganaderos y desilusión entre los ecologistas. Es el resumen telegráfico de las impresiones recogidas ayer en torno a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que avaló los controles del lobo en el parque nacional de los Picos de Europa y acabó con la suspensión cautelar de esta actividad, que se prolongaba desde 2012. Ganaderos y alcaldes reclaman al Gobierno del Principado que actúe "de inmediato", pues la llegada de la época de celo impedirá organizar controles poblacionales a partir del 1 de mayo.
José Antonio García Álvarez, regidor de pastos de la montaña de Covadonga, aseguró que la sentencia entra dentro de la "lógica". En su opinión, sin controles la ganadería "no podría vivir en el parque nacional". Criticó que en cada comunidad autónoma de los Picos se acometan políticas distintas en relación con el lobo. "En el parque hay tres repúblicas independientes", señaló. "En Asturias queremos saber si tendremos que tragar con la fauna salvaje y con cuántos lobos, que pongan las cosas claras. Y si va a haber lobos, tendrá que haber dinero sobre la mesa", añadió. Exigió batidas antes del 1 de mayo.
El alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández (PP), ve "correcto" que haya controles, pero sólo "si hay exceso de población, enfermedad o riesgo para la actividad ganadera, y siempre si no se hallan otras soluciones. Que nadie crea que habrá barra libre para erradicar al lobo", añadió. Indicó su deseo de alcanzar "un equilibrio" que permita la continuidad del lobo y la de la actividad ganadera. "Sé que es fácil de decir y difícil de hacer, pero hay que intentarlo", destacó.
Alberto Fernández Gil, presidente de la asociación ecologista ASCEL, que recurrió los controles de población ante el juez, lamentó que los tribunales no hayan "recogido o entendido" los argumentos ecologistas, que se basan en que los controles de población "no están justificados" y "en ninguna parte del mundo se realizan". Aclaró que lo que sí se hace en otros países son "controles de ejemplares" para eliminar "a los individuos que causan los daños". Y añadió: "es inconcebible que haya controles de población en un parque nacional, y más aún que un millón de seres humanos juzguen cuántos lobos debe haber. "Es una especie de xenofobia ambiental", subrayó. Aseguró que los controles van "contra la filosofía" de los parques nacionales, que aboga por "dejar que las especies interactúen entre sí de forma natural, sin intervención humana".
El alcalde de Amieva, José Félix Fernández (Foro), indicó que la sentencia "no solucionará el problema, pero seguramente ayudará". El fallo es "positivo", pues se están registrando "muchos daños" y la situación "ya no es sostenible".
El alcalde de Cabrales, Carlos Puente (Foro), aplaudió la sentencia al juzgar "necesarios" los controles por los "muchos ataques" registrados. Demandó controles antes de que comience la época de celo del lobo, el 1 de mayo.
Benedicto Rojo, portavoz de los ganaderos de Onís, calificó de "fenomenal" y "positiva" la sentencia, pero demandó una actuación urgente, "antes de veinte días", porque los controles son "absolutamente necesarios", más aún si se tiene en cuenta que no se ha realizado ninguno dentro del parque nacional desde el año 2012. "Este año esperamos más daños que nunca", dijo.
Laura González Varona, representante de los grupos ecologistas en el patronato del Parque, lamentó que los jueces no hayan analizado siquiera las alegaciones ecologistas. Subrayó la necesidad de "estudiar la realidad del número de daños", pues muchos de ellos podrían no ser obra del lobo. "Se pasa como daño de lobo un número indeterminado de muertes naturales de ganado a las que acude el lobo para alimentarse de carroña, por la simple aparición de huellas, heces o pelos". También exigió determinar "el número de lobos existente en el parque", así como "cuántos son pocos o muchos, quién lo decide y sobre qué criterios". También demandó estudios sobre "el número de reses de ganado mayor y menor", "cuántas explotaciones son necesarias, cuántas son excesivas, en qué lugares del parque deben permanecer" y "qué manejo es el tradicional". Añadió: "no está demostrado que matar lobos solucione el problema de los daños al ganado, y sí hay indicios de que matarlos puede provocar más daños".
El alcalde de Onís, José Manuel Abeledo (PSOE), vio "bien" la sentencia, pero reclamó una actuación "antes de veinte días", pues "ya no hay disculpas". En su opinión, "nadie quiere exterminar al lobo, pero sí que se controle su población", y la actual situación, con los controles poblacionales suspendidos cautelarmente era "insostenible". Reclamó una reunión "urgente" de la Comisión del Lobo.
El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González (PP), señaló que el fallo viene a recoger lo que su equipo de gobierno ha reclamado en los dos últimos años. Expresó su confianza en que el Principado actúe con "rapidez y eficacia" y organice controles este mes, "y que se vea el resultado".
El equipo de gobierno de Peñamellera Alta (Foro) manifestó su "satisfacción" por la sentencia, que avala "lo que los concejos demandábamos".
