El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias ha presentado un recurso de reposición contra el pliego de condiciones que regulan el contrato para redactar el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Colunga. Lo hace porque considera "que la convocatoria y sus pliegos reguladores -publicados el 13 de abril- no se ajustan a derecho".

Entre las faltas señaladas se incluyen los requisitos de solvencia técnica, sobre los cuales los arquitectos denuncian "el doble tamiz impuesto por el Consistorio", algo "evidentemente discriminatorio, desproporcionado y que incluso podría considerarse restrictivo o dirigido, con las evidentes connotaciones que de ello pudieran derivarse".

En este apartado, los pliegos colungueses exigen los certificados de buena ejecución de al menos dos municipios asturianos para los que hayan redactado planeamientos y catálogos urbanísticos que hayan sido aprobados definitivamente. El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias asegura en su escrito que sólo este requisito "contiene tres puntos que vulneran frontalmente los principios de libre concurrencia y participación en la contratación pública". Restringe los candidatos, apuntan los arquitectos, de forma que "pueden contarse casi con los dedos de una mano".

Otro punto denunciado es el precio de licitación, 70.000 euros, que se verá seguramente reducido al ser el económico el único criterio valorado a la hora de adjudicar el contrato. El colegio oficial asegura que esta cantidad es "manifiestamente insuficiente para la naturaleza de los trabajos licitados" y añade que, de realizarse con la debida calidad, "sería realizado por debajo de su verdadero coste de producción y podría ser considerado como competencia desleal". El contrato obliga, además, "a aceptar un precio máximo sin conocer el verdadero alcance del trabajo que va a ser necesario realizar".

Colunga licitó esta nueva redacción del plan al rechazar la Comisión de Urbanismo y Organización del Territorio de Asturias (CUOTA) la aprobación definitiva del anterior documento, al que impuso un recorte del 75 por ciento en la edificabilidad para el concejo.