La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha decidido denunciar a la concejala socialista de Llanes Esther Bustillo como presunta autora de un delito contra el medio ambiente. La denuncia, que será interpuesta en las próximas horas en el Juzgado de Instrucción de Llanes, se centra en la contratación supuestamente ilegal, del exarquitecto municipal Ángel Ramí, tras su jubilación, para que siguiera redactando el Plan General de Ordenación de Llanes (PGOLL). Esther Bustillo firmó el contrato denominado "Trabajos de dirección, redacción y coordinación del Plan General de Llanes" a Ramí, tal y como denunció hace unos meses ante la fiscalía la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), que anunció ayer que se personará en la causa como acusación particular.

"Ramí se jubiló en agosto y el Ayuntamiento le firmó un contrato para que continuase con la coordinación y las firmas del PGOLL. Lo denunciamos, al considerar que no estaba dentro de la legalidad. Fue una chapuza impresionante", aseguró el presidente de AVALL, Domingo Goñi, quien destacó que entre los documentos del PGOLL que firmó Ramí figura el estudio de impacto ambiental, pese a que "no tiene capacidad para ello".

Goñi desconoce qué repercusiones puede tener esta imputación en el PGOLL, aunque aventuró que podría resultar "un elemento importante para anularlo, pues el documento ha sido trabajo, controlado y dirigido por un señor que no tenía que haberlo hecho". El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Llanes, José Manuel Herrero, aseguró ayer que desconocía la denuncia y declinó hacer ningún tipo de valoración al respecto.

El fiscal hace suya la denuncia de AVALL, que señaló que la contratación de Ramí se realizó de manera "arbitraria" y "con total desprecio hacia la legalidad administrativa", al "prorrogar" la vinculación del que fuera arquitecto municipal durante diez años, "a través de su contratación como autónomo". Y ello, según destaca el fiscal en su denuncia, pese a que Ángel Ramí se encuentra "imputado en una causa por delito de prevaricación administrativa" en el denominado "caso Kaype".

El fiscal investigará asimismo la posible existencia de un fraccionamiento ilegal en la contratación de otras dos personas (tres veces una y cuatro la otrao) para la redacción del PGOLL mediante contratos menores.