La especulación urbanística que salpica el concejo de Llanes desde hace veinticinco años es uno de los catorce "puntos negros" denunciados en Asturias por la organización no gubernamental (ONG) Greenpeace en su informe "Radiografía social del medio ambiente en España". El estudio recoge asimismo dos ejemplos positivos a seguir en el concejo: uno compartido con el resto del litoral asturiano, la pesca artesanal, y otro exclusivo, el trabajo realizado contra la especulación urbanística por la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL).
El estudio de Greenpeace se hace eco de un informe aprobado en 2007 por el Parlamento Europeo, que lamenta los "daños ambientales y culturales de los planes urbanísticos", y la "situación de indefensión" que sufren miles de "ciudadanos españoles y europeos que invierten en proyectos ilegales sin saberlo o que ven peligrar sus pequeñas propiedades engullidas por grandes promociones". El texto condenaba "los proyectos de urbanización masivos" que no responden a las "necesidades reales" de las poblaciones y tienen "efectos desastrosos medioambientales, históricos y culturales", e instaba a las autoridades a actuar para corregir tales abusos. "Sin embargo, lejos de ponerle freno, en los últimos años la lista de casos de especulación urbanística ha seguido creciendo", según Greenpeace.
La ONG destaca que la alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo; la concejala Esther Bustillo, dos arquitectos municipales y una promotora fueron imputados hace unos años por un presunto delito de prevaricación y contra el patrimonio, por el derribo de El Rompeolas, un edificio protegido. Finalmente, el Juzgado de Llanes archivo la causa al no observar indicios suficientes para continuar con la investigación.
No recoge Greenpeace la reciente denuncia de la Fiscalía contra Esther Bustillo por un presunto delito contra el medio ambiente, al haber contratado a un funcionario tras su jubilación para que siguiera redactando el polémico Plan General de Ordenación de Llanes (PGOLL). El fiscal subrayó que la contratación de ese funcionario se realizó de manera "arbitraria" y "con total desprecio hacia la legalidad administrativa", al "prorrogar" la vinculación del que fuera arquitecto municipal durante diez años, "a través de su contratación como autónomo". Y ello, según destacó el fiscal en su denuncia, pese a que se encuentra "imputado en una causa por delito de prevaricación administrativa" en el "caso Kaype". El fiscal investiga asimismo la posible existencia de un fraccionamiento ilegal en la contratación de otras dos personas para redactar el Plan General.
Precisamente el "caso Kaype" es uno de los últimos escándalos urbanísticos registrados en Llanes, pues los jueces han anulado las dos licencias municipales que permitieron ampliar el hotel, situado en primera línea de la playa de Barru y cuyas obras permanecen paralizadas desde octubre por orden judicial. Los llaniscos han visto asimismo como los jueces anulaban los tres últimos planes urbanísticos municipales.
Greenpeace puso como ejemplo positivo a seguir a AVALL, colectivo que denuncia desde hace 25 años la recalificación de grandes bolsas de suelo en el litoral asturiano y que rechaza el modelo de urbanismo que ha planteado el PSOE llanisco en sus diferentes planeamientos, basado en la construcción masiva de segundas residencias.
El vicealcalde de Llanes, el socialista José Manuel Herrero, manifestó ayer su "respeto" por el informe de Greenpeace, pero indicó que tendría que analizarlo pormenorizadamente para valorarlo y ver qué criterios se utilizaron para señalar al urbanismo local como un punto negro. Herrero destacó que Llanes "no es distinto a otros lugares del litoral español", que no figuran como puntos negros. "Claro que estas cuestiones hay que mejorarlas entre todos", señaló Herrero, "para conseguir que los lugares en los que vivimos sean mejores desde el punto de vista medioambiental". El edil destacó que Llanes no aparece en el informe de Greenpeace por asuntos relacionados con "la contaminación, la protección de la costa o la gestión del agua y los residuos".
El presidente de AVALL, Domingo Goñi, aseguró que la aparición de Llanes como punto negro por especulación urbanística en el informe de Greenpeace responde "a la realidad". Y echa de menos un segundo punto negro por la deficiente protección de la costa, que ejemplificó con la "ausencia de peces en el río Guadamía" y la "lamentable situación de los bufones de Pría". Añadió que el Paisaje Protegido de la Costa Oriental, anunciado a bombo y platillo hace más de un decenio, sigue sin desarrollarse.
