El Ayuntamiento de Piloña se encuentra desde comienzos de este mes sin aparejador municipal. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) confirmó el pasado 29 de mayo la sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Oviedo el 30 de enero de este año por la que se ratificó la sanción de nueve años impuesta por la Junta de Gobierno del consistorio piloñés al trabajador Sergio Álvarez, por incurrir en dos incompatibilidades consideradas graves.

Los motivos esgrimidos en la Junta de Gobierno celebrada el 3 de septiembre de 2014 fueron que quedó probado que el aparejador pertenecía al órgano rector de una empresa privada dedicada a una actividad relacionada directamente con la que realizaba en el Ayuntamiento entre los años 1997 y 2012, así como que ejerció una actividad privada relacionada directamente con su departamento entre los años 1982 y 2015 sin reconocimiento previo de compatibilidad para desempeñar la misma.

Estas incompatibilidades fueron advertidas por la justicia con motivo de las investigaciones correspondientes a varios juicios en los que se encuentra inmerso el Consistorio. El gobierno socialista, encabezado entonces por Carmen Barrera, decidió iniciar los trámites para sancionar al empleado con la suspensión de empleo y sueldo durante nueve años.

Este castigo fue recurrido por el propio aparejador al Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Oviedo, pero el recurso fue desestimado, a pesar de que el trabajador presentó documentos firmados por diferentes cargos políticos que pasaron por el Ayuntamiento desde el año 1982 en el que se reconocía su valía laboral y el conocimiento por parte de los gobiernos locales de su actividad privada.

A esta desestimación le siguió un nuevo recurso, que fue rechazado en mayo por el TSJA, pero que no fue comunicado a las partes hasta el pasado 1 de julio, cuando el Ayuntamiento de Piloña instó al empleado a abandonar su puesto de trabajo. Hasta la fecha, éste paso un periodo de baja y otro en el que continúo ejerciendo su trabajo gracias a la suspensión cautelar de la sanción hasta que se resolvieran los recursos pendientes.

De todos modos, fuentes municipales no descartan que el trabajador presente todavía un recurso ante el Tribunal Constitucional, si bien esto no impide que comience a cumplir con la sanción que le impuso la Junta de Gobierno de Piloña, tras un proceso en el que se aseguró que Álvarez percibía un complemento en su salario en concepto de incompatibilidad al mismo tiempo que lo incumplía.

Por otro lado, esta sanción obligará al Consistorio a reorganizar la oficina técnica, pues la falta de aparejador afectará al trabajo del día a día en aspectos como la concesión de licencias y permisos de obra hasta que se decida como cubrir la plaza vacante, cuyas funciones serán asumidas de momento por el resto de los empleados públicos que integran esta oficina municipal.