La mancomunidad de concejos Llanes-Ribadedeva pagó una multa de 1.500 euros en un Juzgado de Oviedo para evitar el ingreso en prisión de un llanisco que había sido condenado previamente por dos delitos de lesiones a su compañera sentimental y por quebrantar una orden de alejamiento. El equipo de gobierno local, que integran Vecinos x Llanes, Foro, PP e IU, ha denunciado al anterior, del PSOE, por prevaricación y malversación de fondos públicos, al considerar ilegal que se consignara el pago de la multa como "emergencia social". El Juzgado de Llanes investiga lo ocurrido. La denuncia, presentada el pasado día 1, está firmada por el alcalde, Enrique Riestra Rozas.
La anterior presidenta de la mancomunidad Llanes-Ribadedeva, Dolores Álvarez Campillo, subrayó ayer que no recordaba el caso concreto al que se refiere la denuncia. "Firmábamos muchas ayudas sociales, siempre con informe favorable de Servicios Sociales y buena parte de ellas con compromiso de devolución". Aventuró que en este caso la ayuda se pudo conceder "sin saber por qué había sido condenado" el peticionario. Otro integrante del anterior gobierno local subrayó que el alcance del pago no fue "más allá de ayudar a un vecino sin ingresos a evitar la cárcel".
El alcalde de Ribadedeva, Jesús Bordás (PSOE), indicó que no tiene conocimiento del pago, aseguró que en ningún pleno se informó del ingreso, y subrayó que la gestión directa de la mancomunidad se realiza "desde Llanes", mientras que los representantes de Ribadedeva sólo siguen de cerca los asuntos que atañen al concejo. Bordás se limitó a señalar que el pago de una multa impuesta a un vecino no le parece "una ayuda social".
El origen de este asunto se sitúa el 1 de abril de 2014, cuando un vecino solicitó al Ayuntamiento de Llanes de una "ayuda de 1.500 euros para pago una multa urgente y no ir a prisión". El interesado, que no tenía ingresos ni dinero en el banco, había sido condenado en 2005 como autor de dos delitos de lesiones en la persona de su compañera sentimental, a la pena -entre otras- de prohibición de comunicarse y de aproximarse a ella durante ocho años. Pese a ello, el llanisco fue detenido en 2012 cuando se encontraba durmiendo en el domicilio de su compañera.
Informe favorable
Por este quebrantamiento de condena fue condenado a 200 días de prisión, que posteriormente fueron sustituidos por 2.000 euros, en 23 plazos mensuales de 83 euros y uno de 91 euros. El condenado realizó algún abono, pero dejó de hacerlo, por lo que el juez le instó en marzo de 2014 a pagar lo pendiente o a cumplir 182 días de privación de libertad. Sólo tres días después de la solicitud, el 4 de abril de 2014, una trabajadora social informó favorablemente la concesión de la ayuda, pero con un "compromiso de devolución de la deuda" por parte del solicitante. Algo que el peticionario había pactado previamente con los dirigentes socialistas, pues "ya se había comprometido con él, verbalmente, a la devolución de lo prestado", recoge el informe.
El mismo 4 de abril, sin informe jurídico, aunque sí con la firma del interventor y el tesorero en la orden de pago, Álvarez Campillo concedió la ayuda económica y ordenó el ingreso de los 1.500 euros en la cuenta corriente del Juzgado de lo Penal Número 4 de Oviedo, con cargo a "Emergencia social 2014" y como "ayuda económica de carácter social". La fecha contable del pago fue el martes 8 de abril, dos días antes de que expirara el plazo para que el solicitante ingresara en prisión. Hasta el momento, el solicitante sólo ha podido devolver 170 euros.
