Los peores presagios se han cumplido. La juez Pilar Martínez Ceyanes, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo ha ordenado la demolición del nuevo edificio del hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru, en Llanes. Lo ha hecho a través de un auto, que aún puede ser recurrido antes de 15 días ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El auto, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, fue emitido el miércoles y rechaza de plano el incidente de imposibilidad de ejecución de la sentencia que anuló la licencia de obras, presentado el pasado 8 de octubre por el Ayuntamiento de Llanes, al considerar que el edificio no puede ser legalizado.
La magistrada apercibe a las autoridades llaniscas de que les impondrá una multa coercitiva de entre 150,25 y 1.502,53 euros si antes de un mes no remiten al Juzgado un "informe comprensivo" sobre el estado en que se hallen las obras de demolición. Pero va mucho más allá, al indicar que, en el caso de que las autoridades municipales infrinjan su deber fundamental de ejecutar lo dispuesto en una sentencia firme podrán incurrir en "responsabilidad civil e incluso criminal", así como en "responsabilidad patrimonial, exigible tanto en el supuesto de incumplimiento total como en los de cumplimiento defectuoso o con demora negligente en el mismo".
El Ayuntamiento argumentó en su escrito que el edificio quizá podría ser legalizado, al haber solicitado la propiedad la delimitación de una unidad de ejecución. La juez lo rechaza, pues sólo cabe "restaurar la legalidad urbanística infringida por una edificación que ha devenido en ilegal al carecer de la necesaria licencia".
La magistrada subraya que al carecer Llanes de un plan general (los tres anteriores fueron anulados por los tribunales de justicia) no es posible delimitar "una unidad de actuación que pueda desembocar en la legalización de la edificación". La juez destaca que no es necesario que una sentencia que anula una licencia incluya un pronunciamiento expreso sobre la demolición de lo construido a su amparo. Pero en el auto ella sí lo indica claramente, al ordenar la "completa ejecución" de la sentencia que anuló la licencia del Kaype "en los exactos términos acordados en la misma y, por lo tanto, con la demolición de las obras amparadas en la licencia anulada".
El alcalde de Llanes, Enrique Riestra destacó que este auto es "la herencia que el PSOE ha dejado a todos los llaniscos". Una herencia que, de corroborarla el TSJA, implicará una indemnización a la propiedad, que el regidor calculó en unos 7 millones de euros, lo que acarreará "consecuencias irreparables para el Ayuntamiento y para el futuro del concejo". Según Riestra, la indemnización implicaría "el fin de las inversiones en este Ayuntamiento durante muchos años".
El alcalde llanisco señaló que los vecinos deben ser "conscientes de quienes han llevado al Ayuntamiento a esta situación" y destacó que el actual equipo de gobierno es otra "víctima", mientras que el ejecutivo anterior es "parte" de lo ocurrido. Subrayó que el actual portavoz del Grupo Socialista, José Manuel Herrero firmó las licencias del Kaype y, por lo tanto, "tendrá que explicarse". Herrero no contestó ayer a las llamadas de este periódico.
"Este auto deja más cerca la posible quiebra total del Ayuntamiento", señaló el Alcalde, quien no ha decidido si recurrirá el auto. Antes quiere "reunir a todos los grupos políticos municipales, incluido el PSOE, y a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para adoptar una decisión".
Gerardo de la Iglesia, abogado experto en urbanismo y representante legal del vecino de Barru que recurrió las licencias del Kaype, vio ayer como el auto corroboraba todo lo que ha ido anunciando en los últimos meses: "no cabe más salida que el derribo". Destacó el trabajo de la juez: "el auto es fantástico, perfecto, muy bien fundado y bien explicado", indicó.
