La magistrada del Juzgado de Instrucción de Cangas de Onís sigue a la espera de los resultados de los análisis de las muestras contaminadas que determinen las sustancias con las que la técnica de laboratorio del servicio de Urgencias del Hospital del Oriente, en Arriondas, trató supuestamente de envenenar a dos compañeros de trabajo, como adelantó en octubre LA NUEVA ESPAÑA. Es el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses -un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia- el que se está encargando de realizar estos exhaustivos análisis con la intención de definir los perfiles de ADN que pudieran contener los restos que diluía en las botellas de agua de los afectados.
El resultado será clave para determinar los delitos que finalmente se le imputen a la técnica de laboratorio, que de momento está libertad con cargos a la espera de juicio y cada quince días tiene que presentarse en el Juzgado. Se la acusa de los delitos de lesiones, daños y contra la seguridad colectiva. Fue detenida el 5 de octubre por la Guardia Civil, que colocó cámaras ocultas en la zona de trabajo y consiguió elocuentes grabaciones de cómo la detenida contaminaba las botellas de agua. Lo hacía, según los agentes, de forma aleatoria y no tenía una pauta temporal, pero habitualmente actuaba durante los turnos de tarde o noche, que son en los que menos personal hay y en los que presuntamente se sentía menos vigilada.
La Guardia Civil sospecha que la trabajadora sanitaria contaminaba la bebida con reactivos, desechos o pruebas de laboratorio, que daban al agua un color oscuro, sanguinolento, y un sabor "extraño", que fue lo que puso en alerta al personal del laboratorio. Hay constancia de que llegó a manipular hasta diez botellas. Sus compañeros de trabajo también apreciaron que alguien estaba manipulando los equipos y reactivos para la realización de análisis, por lo que lo denunciaron en junio para que se aclarase lo que estaba ocurriendo.
La juez decretó en su momento una medida de alejamiento de las víctimas y del Hospital de Arriondas, donde residía con su familia y donde hace tiempo que no se la ve. La mujer tiene 43 años y su esposo también es trabajador del centro hospitalario, donde el caso causó una gran conmoción, como al resto de vecinos parragueses. Quienes la conocen sólo tienen buenas palabras para ella y no se explican lo ocurrido. Si los análisis demuestran que los restos de laboratorio utilizados pudieran ocasionar un daño grave a la salud, los delitos que se le imputan serían más graves. Las víctimas no fueron hospitalizadas.
