La exalcaldesa de Llanes y actual diputada autonómica del PSOE Dolores Álvarez Campillo, ha estado declarando este martes casi dos horas ante el juez como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa, relativo a las obras de ampliación de un hotel llanisco, en el denominado 'caso Kaype'. A la salida de su declaración, la exalcaldesa de Llanes se ha mostrado "satisfecha". "Tenía muchas ganas de declarar, he respondido a todo lo que se me ha preguntado y espero que haya quedado todo aclarado".

Campillo, que estaba citada a las 10.00 horas, llegó al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acompañada de su abogado, con quince minutos de antelación y entró sin hacer declaraciones.

Domingo Goñi Tirapu, presidente de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), señalaba a sus llegada al TSJA que este colectivo esta personado en la causa "por ser uno de los temas urbanísticos más relevantes en Llanes en la anterior legislatura". Para Goñi, "se van a deducir responsabilidades civiles además de las penales".

Desde AVALL señalan que "hay relación directa entre parte de la familia de Dolores Campillo y los constructores del hotel, aunque serán los jueces quienes tendrán que discernir si hubo intencionalidad en esta obra".

Campillo es una de las siete personas que declaran hoy por un presunto delito de prevaricación administrativa en la vía penal del "caso Kaype": la ampliación ilegal de un hotel situado en primera línea de la playa de Barru. El castigo que establece el Código Penal para aquellas autoridades o funcionarios condenadas en firme por dictar resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia es la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de entre siete y diez años. No obstante, la fase actual es la instrucción, por lo que aún no se ha abierto juicio alguno. El juez, además, ha declarado el "caso Kaype" complejo, por lo que la investigación puede prolongarse hasta los 18 meses; esto es, hasta junio de 2017.

El magistrado instructor, José Ignacio Pérez Villamil, ha citado para hoy, en la Sala Penal y Civil del TSJA, además de a Álvarez Campillo, al que fuera primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo e Llanes, José Manuel Herrero, en la actualidad portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento; a la arquitecta municipal A. L.; al técnico del Ayuntamiento, I. V. F.; al titular del estudio de arquitectura que redactó el proyecto, J. I. T.; al secretario del Ayuntamiento, S. F. M.; y al arquitecto municipal cuando se sucedieron los hechos, Á. R. N., en la actualidad, jubilado. Los siete investigados serán interrogados acerca del papel que jugaron en el proyecto de ampliación del Kaype, ejecutado parcialmente gracias a dos licencia municipales declaradas ilegales por los tribunales de justicia y que, aunque está muy avanzado, se encuentra paralizado por orden de una juez desde el mes de octubre de 2014.

Las licencias, firmadas por José Manuel Herrero, contaban con avales técnicos y jurídicos emitidos por algunos de los funcionarios investigados. La Alcaldesa, por su lado, desoyó la orden de la Consejería de Urbanismo de paralizar las obras del Kaype y modificar la licencia de obras, para adaptarla a la legislación vigente, pues se había permitido construir más del máximo legal. La regidora replicó que el proyecto del Kaype se desarrollaba en suelo urbano y que, por lo tanto, la competencia era municipal. Los jueces también la licencia, la de agrupación de fincas.

Mañana declararán como testigos, el secretario de la CUOTA, José Antonio Cullía de la Maza; el consejero delegado de la empresa propietaria del Kaype, Carrera y Pérez, Gaspar Carrera; y al administrador único de la mercantil Valle y Balmori, que ejecutó la obra, Antonio Valle.