Ya no hay marcha atrás: la ampliación ilegal del hotel Kaype, en primera línea de la playa de Barru, tiene que ser demolida tras haber rechazado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) los recursos presentados por la propiedad, Carrera y Pérez S. L., y el Ayuntamiento de Llanes, que tendrán que pagar las costas (1.000 euros, cada uno). El TSJA ha ratificado punto por punto la orden emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo para demoler, como máximo en el mes de julio, todo lo construido al amparo de dos licencias municipales concedidas durante el último gobierno del PSOE en Llanes y declaradas nulas por los tribunales. La sentencia es firme.
La vía del contencioso administrativa del "caso Kaype" se ha cerrado con una orden, clara y rotunda: no cabe más salida que derribar todo lo construido desde el 18 de diciembre de 2012. El TSJA atendió los razonamientos de la abogada Lucía García, del despacho ovetense De la Iglesia y Teijelo, representante del vecino de Barru Ignacio Fernández, y rechazó el recurso del Ayuntamiento de Llanes por imposibilidad de ejecución de la sentencia de derribo porque no concretó si la causa era material o legal, ni aportó informe técnico o jurídico alguno. Tampoco atendió el TSJA los argumentos del Ayuntamiento sobre un supuesto vacío normativo en materia urbanística en el concejo, porque ni lo invocó en primera instancia, ni en su escrito inicial ni en el acto de la vista. El Ayuntamiento alegó asimismo que el auto del Juzgado ovetense recurrido incurrió en un "error en la interpretación o aplicación de las normas jurídicas", algo que el TSJA negó. En cuanto al recurso de Carrera y Pérez S. L., el TSJA rechazó igualmente todos sus argumentos. La propiedad alegó que el auto que ordenó la demolición se aparta "de forma irrazonable, arbitraria o errónea del alcance y significado de la sentencia objeto de ejecución". Pero el TSJA deja claro que la declaración jurídica de nulidad de una licencia debe estar seguida, inexcusablemente, por "la demolición de lo indebidamente construido", independientemente que la sentencia hable o no de derribo, e incluso de que los denunciantes lo solicitaran. Y ello "aunque el derribo sea una medida gravosa y suponga en sí misma costos elevados", añade el TSJA.
El Superior de Justicia destaca la "imperiosa necesidad" de cumplir las resoluciones judiciales. Y advierte que la negativa, "expresa o implícita", a cumplir una resolución judicial constituye "un atentado a la Constitución frente al que no caben excusas".
El Ayuntamiento de Llanes ahora tiene sobre la mesa una petición de la propiedad del Kaype para retrasar hasta octubre la demolición y así evitar afecciones a los usuarios de la playa de Barru. La propiedad ya ha presentado el proyecto de demolición, calcula que el derribo costará 1,2 millones y ha anunciado que solicitará 15,6 millones por daños y perjuicios al Ayuntamiento.
El "caso Kaype" tiene aún abierta la vía penal, en la que figuran como investigados la exalcaldesa de Llanes Dolores Álvarez; el exconcejal de Urbanismo José Manuel Herrero; el exarquitecto municipal A. R. N.; la actual arquitecta municipal, A. L. I.; el técnico de Urbanismo I. V. F.; el secretario municipal, S. F. M.; y el titular del estudio que redactó el proyecto, J. I. T. R.
