Los chiringuitos ilegales proliferan a la vera del río Sella con la llegada del buen tiempo, según denuncian los propietarios de los establecimientos homologados.

A diferencia de anteriores campañas estivales, este año para instalar un negocio de venta de comidas y bebidas en la ribera del Sella es necesaria, además de la licencia municipal, una autorización de la Confederación Hidrográfica y de Turismo, que "algunos empresarios se saltan a la torera", aseguran los dueños de los tres negocios legales. Para conseguir esta autorización es necesario, entre otras cosas, estar dado de alta en la Seguridad Social y tener seguro de responsabilidad civil o certificado de formación como manipulador de alimentos. Aunque el punto que más irritación causa, por su "flagrante incumplimiento", es el de encontrarse a más de 100 metros del río. "Aquí hay negocio para todos, no queremos que desaparezcan por fuerza, sólo que regularicen su situación porque no es de recibo que pongan el remolque al pie de la orilla", argumentan.

En total, este año se contabilizan, al menos, tres chiringos ilegales, a los que se sumarían vendedores ambulantes en zonas como Bode, "donde hay una caravana todo el día vendiendo comida sin cumplir los requisitos", esgrimen. Otro ejemplo de chiringuitos irregulares está junto al puente de Torañu, en la margen derecha, en Cangas de Onís.

Los dueños de negocios que sí cumplen la normativa (ubicados dos en la recta de Triongu y un tercero en Torañu) alertan de las consecuencias negativas para el turismo y el medio ambiente que acarrean las malas prácticas. "Dejan porquerías como cristales que, además, pueden provocar un accidente", señalan. "Y venden productos en mal estado, a precios superiores a la media, como sidra caliente a cuatro euros ".

La solución para acabar con la mala práctica la ven "difícil", ya que cuando llaman a las autoridades éstas "se pasan la patata caliente de unos organismos a otros" y "muchas veces está a nombre de gente que no es de aquí y no les llegan ni las multas", dicen los empresarios, que piden más controles a pie de río.