Manuel Prieto, vecino de Cangas de Onís, ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento por valor de 607.792,50 euros, al considerarse víctima de una "chapuza urbanística", que propició la expropiación de un edificio de su propiedad en 1985, lo que le causó graves perjuicios económicos y morales. El inmueble, conocido popularmente como Casa Amparo, fue demolido hace un año. Prieto asegura que solo entonces se percató el "atropello" del que había sido objeto, tras comprobar que el inmueble nunca se había registrado a nombre del promotor de la actuación urbanística que propició la expropiación.
El reclamante cree que tiene derecho a recibir 213.390 euros por el valor del aprovechamiento urbanístico que le fue negado en su día; 133.920 euros por daños de privación de la vivienda habitual; y 260.482,50 euros por daños morales. Prieto habla de "negligencia" y "mala fe" del Ayuntamiento y de "connivencia" de este con el propietario mayoritario y promotor de la unidad de actuación en la que se incluyó su casa.
Prieto ha presentado ya la reclamación ante el Ayuntamiento de Cangas de Onís y ha anunciado que presentará un recurso contencioso si su petición es desoída. Está dispuesto a acudir a los tribunales de justicia y a ir "hasta el final". Asegura que, pese a que la expropiación se aprobó hace más de 30 años, los hechos no han prescrito, pues la ley otorga un año para este tipo de reclamaciones "desde que el afectado tiene conocimiento del perjuicio". Manuel Prieto asegura que tras ser demolida su casa, el año pasado, acudió al Registro de la Propiedad y solicitó el historial de su antigua vivienda. Entonces comprobó que el edificio nunca fue registrado a nombre del promotor urbanistico que impulsó la expropiación, y que tampoco aparece la finca incorporada a ningún programa de actuación urbanística. De inmediato acudió a un asesor, que le confirmó sus sospechas: el proceso estaba plagado de presuntas ilegalidades. Prieto ha presentado un informe elaborado por Francisco Gómez-Limón y Verónica Alonso, de la empresa Lemon Gest Asesores, con el que justifica su reclamación.
La expropiación de Casa Amparo, situada en la esquina de las calles Mercado y José González Soto, de la ciudad canguesa, fue aprobada por el Ayuntamiento en 1985. Se declaró el edificio "fuera de ordenación" y la Comisión municipal de Gobierno concedió la liencia de obras para acometer la unidad de actuación(un edificio con bajos comerciales y 12 viviendas de precio tasado) el 20 de junio de 1985, cuando aún no se había procedido a la aprobación definitiva del estudio de detalle. Prieto perdió todos los derechos de aprovechamiento urbanístico sobre su inmueble porque se aprobó la expropiación, y no se le ofreció la posibilidad de participar en la operación, bien a través de una compensación bien de una cooperación para desarrollar la unidad.
Se le expropió la casa (recibió 5 millones de pesetas, precisamente porque el edificio estaba declarado "fuera de ordenación") para agrupar las fincas y construir el edificio antes citado. Pero las fincas nunca se agruparon, pese a lo cual el edificio sí se construyó. Sus asesores defienden que el estudio de detalle "en modo alguno" debió convertirse en "instrumento legitimador para expropiaciones urbanísticas" y tampoco permite la ordenación de volúmenes.
Según Prieto, el Ayuntaminto permitió construir el edificio "sin unificar las parcelas", "sin alinear la edificación resultante a lo marcado en el plan general" y sin demoler siquiera su vivienda. Fue una "chapuza urbanística" que contravino "todas las normativas vigentes", con el objetivo de "apartarme", pues quienes allí vivíamos éramos "un estorbo".
