Las cuentas del Ayuntamiento de Llanes durante el año 2013 expresan, con salvedades, que el ejercicio económico desarrollado en ese año por el gobierno socialista presidido por Dolores Álvarez Campillo fue ejecutado de acuerdo a la legalidad vigente, según el informe hecho público ayer por la Sindicatura de Cuentas. El organismo regional aconseja, no obstante, disolver de la Agencia de Desarrollo Local Municipal de Formación, Empleo y Empresa, porque que nunca tuvo actividad, y plantea el cierre de cuentas bancarias abiertas en nombre del Ayuntamiento por personas ajenas a él.

Una de las salvedades descritas en el informe habla de la imposibilidad de conocer la situación del inmovilizado no financiero municipal debido a la inexistencia de un inventario de bienes actualizado y detallado. Dentro del apartado de incorrecciones materiales, aparecen aspectos como que el balance no refleja contablemente el patrimonio municipal del suelo o que no se refleje en la cuenta de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto al menos 206 facturas por importe de 152.528 euros, en las que el servicio se prestó íntegramente en 2013.

Tampoco, al menos, 69 facturas por importe de 176.564 euros, cuyo importe debería haberse contabilizado en el ejercicio, pese a que la facturación abarcara dos ejercicios presupuestarios, dando así cumplimiento al principio de devengo.

Entre las cuestiones que según el informe no afectan a la opinión de la auditoria, aparecen aspectos llamativos como que para seis empleados públicos no consta la acreditación del cumplimiento de los requisitos de igualdad, mérito y capacidad, o que dos funcionarios interinos fueron nombrados sin cumplirse los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. También se describe que en el ejercicio 2013 se concedieron tres anticipos a un mismo funcionario sin que hubieran transcurrido 18 meses entre una concesión y otra, vulnerándose por ello la normativa vigente, o que se han detectado 45 facturas sin confirmar dentro de la muestra realizada.

El informe habla también de que la gestión del agua, el alcantarillado y su recaudación se realiza en virtud de la fusión de dos contratos independientes, con distinto objeto, plazo de duración y fecha de inicio de la contratación. La sindicatura sostiene que esta situación ha originado "modificaciones contractuales sustanciales", que solo tendrían cabida mediante la licitación y la adjudicación de un nuevo contrato, previa resolución del anterior.