La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís, Silvia Golfe, asegura que sus funcionarios cada día trabajan "al límite" debido a la gran carga de trabajo que acumulan. El motivo: las instalaciones (que dan servicio también a Parres y Ribadesella) sólo cuentan con siete funcionarios -2 gestores, 3 tramitadores, 2 auxiliares- para hacer frente a más de 1.200 expedientes civiles y unos 1.700 penales. Por eso ayer no dudó en concentrarse junto a sus compañeros de trabajo frente a las puertas del Consistorio cangués para reclamar la contratación de al menos un tramitador más para la oficina.
Los manifestantes portaron carteles en los que se podían leer consignas como "refuerzos ya" y confirmaron que seguirán movilizándose los días 1 y 15 de cada mes hasta que se resuelva su situación. "Aquí también se lleva el registro civil y en las elecciones somos junta electoral de zona. Con tanta carga de trabajo es imposible prestar un servicio público en condiciones correctas", apuntó Golfe, que tomó oficialmente posesión del cargo en julio de 2015. Desde entonces no ha dejado de denunciar la situación precaria del juzgado cangués. "En octubre de 2015 nos dieron una respuesta verbal favorable para contar con dos tramitadores pero en enero de 2016 entró en vigor la oficina virtual y priorizaron los decanatos de ciudades y fiscalía. Nos dijeron que por razones de presupuesto no era posible atender las necesidades", cuenta.
La jueza continuó enviando informes para solicitar el aumento de plantilla. En abril el juzgado protagonizó una inspección rutinaria del Tribunal Superior de Justicia que aconsejó de nuevo la contratación de un tramitador.
La jueza asegura que sin ir más lejos la semana pasada ella y su secretaria mantuvieron una reunión en Oviedo con la Dirección general de Justicia, en la que llegaron a presentar más de 300 firmas de usuarios que no se habrían tenido en cuenta. Esto, unido a la noticia de que el Principado preparaba unos nuevos presupuestos en los que esperan verse reflejados y no es así, fue el detonante que les llevó a salir a la calle para dar visibilidad a su situación y evitar, por ejemplo, que los ciudadanos que reciban una sentencia favorable en ejecuciones civiles no tengan que esperar un año para cobrar sus indemnizaciones, como ocurre en la actualidad, según explicaron los funcionarios.
