Entre la espada y la pared. Así se siente el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, a la vista de las contradicciones que observa entre el último auto de la jueza del "caso Kaype", Pilar Martínez Ceyanes, y un informe del secretario general del Ayuntamiento, Santiago Fernández Molpeceres. Tanto es así que ha remitido a la magistrada una petición expresa para consultar "los pasos a seguir".

Por un lado, la jueza ha advertido al regidor de que debe ordenar ya la demolición de todo lo construido ilegalmente en el hotel de la playa de Barru, pues en caso contrario le impondrá una multa coercitiva de entre 150 y 1.500 euros. Pero, por otro lado, el secretario municipal ha advertido al Alcalde de que podría incurrir en algún tipo de responsabilidad si no aprueba su propuesta de tramitar el expediente de legalización parcial de las obras del Kaype para presentar a continuación un nuevo incidente de imposibilidad legal de ejecución de la sentencia de derribo, que data de marzo de 2015.

Enrique Riestra fue ayer muy claro: "estoy por hacer cumplir la ley, y en este caso la sentencia que ordena derribar la ampliación ilegal del Kaype, pero la jueza debe saber lo que informa el secretario del Ayuntamiento y que me diga qué debo hacer para no incurrir en ningún tipo de responsabilidad".

El secretario llanisco pretende que el Ayuntamiento promueva la legalización parcial de las obras del Kaype; en concreto, las que afectan a la única de las tres parcelas afectadas clasificada como suelo urbano consolidado: la que alberga el hotel. Pero la jueza del "caso Kaype" , que ya rechazó el incidente de imposibilidad de ejecución de la sentencia de derribo presentado por el Ayuntamiento de Llanes, ha señalado claramente qué zonas hay que demoler: todo el edificio nuevo construido junto al que ocupa el hotel y la ampliación de este último. Así, solo se salvaría del derribo, tal y como indicó la jueza, la zona reformada del edificio antiguo. "En consecuencia procederá rechazar la posibilidad de legalizar en todo o en parte las obras ejecutadas al amparo de la licencia anulada", señaló la jueza en un auto emitido el pasado 24 de noviembre. Y añadió: "Tampoco cabe discriminar la situación de que las obras se sitúen en las parcelas 16 y 17 o en la 29, ya que si bien esta última tiene la calificación de suelo urbano consolidado, la licencia de agrupación de dichas parcelas fue anulada judicialmente y dicha anulación fue tenida en cuenta en la sentencia del TSJA", que anuló la licencia de obras en su integridad".

Por todo ello, el Alcalde y la concejala de Urbanismo, Marián García, han remitido a la jueza un escrito en el que, por un lado, muestran su intención de "cumplir con rigor y celeridad los requerimientos y resoluciones judiciales"; por otro, resaltan las advertencias del secretario; y, finalmente, elevan consulta "sobre los pasos a seguir" a partir de ahora.

El "caso Kaype" surgió tras anular los tribunales las licencias de agrupación de fincas y obras otorgadas por los anteriores mandatarios llaniscos, del PSOE, para ampliar el hotel situado en la playa de Barru. La propiedad del Kaype ya ha anunciado que reclamará 15,6 millones al Ayuntamiento por daños y perjuicios.