Las empresas de descenso turístico en canoas en los ríos Cares y Deva llevarán al juez el "cierre ilegal" de su embarcadero en Campa Larga si no se encuentra una solución en los próximos días. No hay fisuras: tanto las empresas cántabras como las asturianas desean una solución amistosa, pero la ven "muy difícil", porque el Ayuntamiento de Val de San Vicente no quiere dar marcha atrás en su decisión de clausurar la zona en la que desembarcaban las canoas turísticas, tras la denuncia de un vecino del pueblo de Molleda.
El cierre es presuntamente ilegal, según las empresas, porque impide el acceso a la zona de servidumbre de Costas con vallas, bolardos, cadenas y un candado. Además, el cierre está a menos de dos metros de la carretera N-621, cuando la legislación exige, al menos cinco metros, indicó ayer Juan José Briz, portavoz de la empresa Aqua21, con sede en Unquera (Cantabria). Se han cerrado las dos entradas existentes a la Campa Larga, una de las cuales había sido acondicionada por las propias empresas turísticas hace menos de un decenio, tras haber sido obligadas a trasladarse allí por el Ayuntamiento.
La solución no es fácil, pues en Campa Larga confluyen titularidades y competencias de dos juntas vecinales, un ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la Demarcación de Costas en Cantabria y el Gobierno de Cantabria.
La situación es límite para las empresas, pues la temporada se abrirá en un mes y medio. "Nos gustaría no tener que denunciar pero nos han negado sistemáticamente cualquier información relacionada con esa finca", aseguró Andrés de la Torre, responsable de la empresa Panes Aventura, quien mostró su extrañeza por la negativa del alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo (PSOE), a recibirles para tratar de buscar una solución que satisfaga a todas las partes.
"Los vecinos de Molleda tienen todo el derecho del mundo a estar molestos, pues esa finca era en parte suya. Otra cosa es como esa finca pasó a manos del Ayuntamiento", añadió. "El alcalde no nos coge el teléfono ni nos contesta vía Whatsapp. Hemos hablado con concejales que nos trasladaron su deseo de arreglar esta situación. Tomó una decisión personal que no consultó con el equipo de gobierno, ni se debatió en pleno. No imagino, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Parres pusiese trabas a las empresas de turismo activo de la zona para que desarrollen su actividad", añadió de la Torre.
José Manuel Salas, de la empresa Sporttur, con sede en Unquera, calificó la decisión de Roberto Escobedo de "alcaldada", pues hizo caso a vecinos de Molleda, localidad cuya junta vecinal tuvo en su día la titularidad de parte de Campa Larga, pero que la perdió tras su disolución.
Los empresarios estudian ahora si otra junta vecinal, la de Unquera mantiene alguna competencia en Campa Larga (fue titular de un tercio de los terrenos), con vistas a una posible solución. Salas rechaza la zona propuesta por el Alcalde para desembarcar por "insalubre".
