Un error informático, que impidió a un investigado declarar desde Murcia a través de videoconferencia, provocó ayer la suspensión del juicio que se iba a celebrar en el Juzgado de Llanes por la presunta entrada ilegal de varias personas a la finca privada de San Antolín de Bedón el pasado mes de agosto. El juicio quedó aplazado hasta el 9 de marzo.

Muy tranquilos y con la seguridad de que son inocentes acudieron ayer al Juzgado cuatro de los cinco investigados por romper presuntamente una valla y entrar a la finca de Bedón. Defienden que las acusaciones -un delito leve contra el patrimonio y otro, también leve, de usurpación- no tienen razón de ser.

Los investigados son el edil no adscrito Alfonso Miyares, y el secretario general de CC OO en el Oriente, Rogelio Marotías, otros dos vecinos y un segundo residente. Este último, que no pudo declarar al fallar la videoconferencia, alegó también que no había recibido la notificación como denunciado, sino como testigo. El letrado de la acusación, que ejerce la propiedad de la finca, calificó su actitud de "rebeldía procesal". Miyares no cree que el caso concluya con su inhabilitación. "Lo únicos que estábamos haciendo era reivindicar que el acceso a San Antolín es un camino público y que como mínimo debería tener una servidumbre de paso", aseguró.

De otro lado, el pasado miércoles declaró también en el Juzgado de Llanes como investigado el edil de IU, Javier Ardines, por un presunto delito contra la ordenación del territorio al habilitar un aparcamiento en La Rotella, en Llames de Pría. Ardines defiende la legalidad de los trabajos realizados. "El jefe de servicio de Medio Ambiente ha dicho que el Ayuntamiento no tiene que pedir autorizaciones previas para hacer una actuación como la que se hizo. No hay nada pues en esa obra ni se pavimentó ni se construyó, solo se limpió la parcela", señaló. La denuncia interpuesta por el PSOE responde, según Ardines, a una "estrategia política".