El Gobierno cuatripartito de Llanes cumplirá "de forma inmediata" la orden judicial de derribo de todo lo construido ilegalmente en el hotel Kaype, en primera línea de la playa de Barru. El alcalde, Enrique Riestra, dictará en las próximas horas las resoluciones necesarias para que la propiedad, Carrera y Pérez S. L., inicie las tareas de demolición de inmediato, con el apercibimiento de que el propio Ayuntamiento acometería los trabajos en caso de que se incumpla la orden judicial o las obras no se ciñan a las sentencia de derribo.

El Alcalde manifestó su intención de seguir "los pasos que marca la justicia" y aclaró que solicitó aclaraciones a la jueza sobre el camino a tomar porque "había un informe del secretario municipal en el que se me achacaba posibles responsabilidades" si no iniciaba un expediente de legalización de parte de las obras ejecutadas en el Kaype, algo que la magistrada, en un auto que Riestra calificó de "contundente", ha descartado.

"El auto se registró hoy en el Ayuntamiento para que se pueda cumplir lo antes posible, y lo que queda claro en el mismo, por si alguien lo quiso poner en duda, es que yo no estaba dilatando ningún tipo de plazo", resaltó el regidor. "El auto me ha tranquilizado y liberado", destacó Riestra. "La realidad del Ayuntamiento de Llanes es pavorosa; nosotros vamos a dejar el concejo mucho más saneado que como nos lo encontramos", añadió el Alcalde, quien destacó que los integrantes del actual equipo de gobierno y los llaniscos son "víctimas de una mala política y una mala gestión llevada a cabo por el PSOE, con el amiguismo y el caciquismo como bandera".

La primera teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Marián García, también fue rotunda: "la voluntad del Gobierno es, y ha sido, dar fiel y estricto cumplimiento a las resoluciones de los tribunales", y "nunca demorar lo que por ley nos es obligado", señaló. La edil resaltó su convencimiento de que el último auto judicial del "caso Kaype", que ordena inicial la demolición de la ampliación ilegal del hotel antes de diez días ha quedado, acreditado "que las instrucciones del equipo de gobierno iban en la dirección correcta" y perseguían "cumplir con la estricta legalidad".

Marián García destacó que la sentencia de demolición solo adquirió firmeza el 24 de noviembre de 2016, cuando los tribunales desestimaron el incidente sobre la imposibilidad legal de ejecutarla que presentó el Ayuntamiento. "Cualquier otra interpretación es falsa y solo pretende dañar de modo infundado a mi persona, con declaraciones basadas en falsedades que han llegado al insulto y al menosprecio", señaló.

La responsable de Urbanismo afirmó que su departamento trató "por todos los medios" disponibles de habilitar los trámites necesarios para el inicio de los trabajos de demolición de la construcción ilegalizada.

García subrayó que la magistrada llamara la atención sobre el "absoluto protagonismo de algunos funcionarios del Ayuntamiento de Llanes en el desarrollo procesal de la ejecución de la sentencia", lo que a su juicio ha llevado a "la paradójica situación de hacer constar en el propio auto que se excedían en lo que se les solicitaba", sobre todo cuando se refieren a la posibilidad de legalizar parte de las obras del Kaype, algo que la juez descarta por improcedente.

La concejala añade que el auto "cercena de raíz" las "manifestaciones paranoides" sobre "supuestas persecuciones hacia empleados públicos, del todo infundadas". Manifestaciones que "solo perseguían desprestigiarme con falsedades, con el objetivo de minar nuestra moral y ganas de trabajar en beneficio de Llanes, y de otorgar la debida transparencia, legalidad y eficiencia a un Ayuntamiento que carecía de ella desde hace varios lustros", concluye la edil.