La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la apertura de juicio oral y una condena de dos años y medio de prisión, multa de 13.500 euros y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el anterior arquitecto del Ayuntamiento de Llanes, A. R. N., ya jubilado, como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística en el "caso Kaype". Según el fiscal, el investigado urdió el "plan preconcebido" que posibilitó la ampliación ilegal del hotel de la playa de Barru, que debe ser demolida antes de ocho días.
El fiscal admite en su escrito que no ha podido establecer el móvil de la supuesta actuación delictiva de A. R. N., al señalar que cometió el supuesto delictivo "por causas que no han podido probarse, pero en cualquier caso guiado por la finalidad de autorizar la construcción de las obras de ampliación del hotel, con total desprecio a los principios básicos de legalidad urbanística y a fin de dotar de apariencia de legalidad al proyecto".
Según el relato del fiscal, el exarquitecto sostuvo la necesidad de que se procediese a la agrupación registral de las tres parcelas del Kaype, pese a que "era consciente de que se hacía con la única finalidad de modificar su calificación urbanística". Así se atribuyó la condición de suelo urbano consolidado a dos parcelas que no la tenían, lo que provocó la sustracción de "las obligaciones de cesión del 10 por ciento al Ayuntamiento", señala la acusación pública. A. R. N. admitió como cierto, "pese a que no lo era", que esas dos parcelas tenían acceso rodado pavimentado.
Asimismo, el exarquitecto municipal llanisco informó favorablemente el proyecto de agrupación de las tres parcelas del Kaype, lo que posibilitó la concesión de una licencia municipal luego anulada por los jueces. El fiscal añade en su escrito de acusación que A. R. N. "con total desprecio al contenido de los expedientes administrativos que obraban en dependencias municipales" y "aún a sabiendas de que lo declarado en el proyecto del promotor no se correspondía con la legalidad urbanística y catastral", emitió un informe para determinar la edificabilidad de la parcela resultante, y atribuyó "una edificabilidad media muy superior a la que hubiese resultado de actuar conforme a los propios principios que establecía en su informe".
"Igualmente obvió todos aquellos datos que obraban en expedientes municipales, por él conocidos, y que habrían implicado una notable reducción de la edificabilidad media", e incluso modificó un informe suyo previo que cifraba la edificabilidad conforme a la legalidad y a la realidad física vigente, "a fin de conseguir una mayor edificabilidad", señala la Fiscalía en su escrito de acusación. Según el fiscal, el acusado era "plenamente consciente" de que todo ello era contrario al expediente administrativo que había posibilitado la división de la parcela y obvió las referencias que hubieran implicado una menor edificabilidad.
El fiscal concluye que el "plan preconcebido" de A. R. N. y sus informes posibilitaron la concesión tanto de la licencia de agrupación como de la de obras, ambas declaradas nulas en los tribunales, lo que ha llevado a los jueces a ordenar el derribo de todo lo construido ilegalmente. La demolición debe comenzar antes de ocho días. La propiedad, que presentó el proyecto de demolición ya en junio de 2016, ha anunciado que tras el derribo reclamará al Ayuntamiento 15,6 millones por daños y perjuicios.
