04 de febrero de 2017
04.02.2017

La propiedad inicia las obras de derribo de la ampliación ilegal del hotel Kaype

Los trabajos se prolongarán durante seis meses, costarán 1,13 millones e incluirán la retirada a mano de todo el material que pueda ser reutilizado

04.02.2017 | 00:30

El derribo de la ampliación ilegal del hotel Kaype, en Barru (Llanes), comenzó ayer. Fueron los primeros pasos de una actuación que se prolongará durante unos seis meses, según se contempla en el proyecto de demolición, presentado por la propiedad Carrera y Pérez S. L., que cifra el coste del proceso en 1,13 millones de euros. Durante la jornada se acercaron a la zona media docena de operarios, que se ayudaron de un camión y de una pequeña pala para preparar el terreno para la demolición. Se cumplen así dos órdenes: la primera, la lanzada la semana pasada por la jueza Pilar Martínez Ceyanes, que dio ocho días de plazo para iniciar la demolición, y la segunda, la transmitida el lunes a la propiedad por el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, para cumplir la sentencia de derribo.

Las tareas realizadas ayer se centraron en comprobar si funcionaba la grúa que permanece parada junto al edificio desde hace más de dos años. Asimismo, los operarios deben comprobar, uno por uno, todos los componentes del andamiaje, dado que también permanece sin usar desde octubre de 2014, cuando la jueza ordenó paralizar las obras. La idea es retirar a mano todo el material susceptible de ser reutilizado durante los próximos días para, a continuación, ayudarse de maquinaria pesada.

Según señalaron varias fuentes, la constructora intentará "desmontar más que demoler", con la idea de aprovechar todo el material posible para otras obras. La propiedad ya había presentado el proyecto de demolición el pasado mes de junio. La demora en el inicio de las tareas se debió a los diferentes recursos presentados por la propiedad y por el Ayuntamiento de Llanes, y a la tardanza en la emisión de una licencia por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Carrera y Pérez indicó desde el primer momento su intención de acatar la orden judicial y de acometer por su cuenta el derribo. De ahí que haya iniciado las tareas para demoler lo construido ilegalmente solo unas horas después de recibir el requerimiento del Alcalde.

La orden judicial es clara: debe ser derribado por completo el edificio de nueva construcción, así como la ampliación ejecutada sobre el edificio original. También ha quedado claro en los sucesivos autos judiciales la orden de derribo: primero, el edificio de nueva planta, para finalizar con la ampliación.

Corresponde al Ayuntamiento de Llanes, como señaló la juez, constatar que los trabajos realizados se corresponden fielmente con la sentencia de derribo. De hecho, fuentes del equipo del Gobierno de Llanes indicaron ayer que, tal y como han ordenado los jueces, habrá un "exahustivo control" de la obra y corresponderá a los servicios técnicos municipales determinar si se cumple adecuadamente la sentencia. El equipo de gobierno ha solicitado varios peritajes, al considerar "excesiva" la valoración económica realizada por la propiedad del coste del derribo (1,13 millones). Ayer visitaron la zona el alcalde llanisco, el concejal Javier Ardines y el vigilante de obras.

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