El parque nacional de los Picos de Europa está cerca de vivir una nueva refundación. Las comunidades autónomas de Cantabria y Castilla y León consideran que el actual consorcio interautonómico, ideado para propiciar una gestión coordinada del espacio protegido, "no funciona" y "no es operativo". Esta situación, unida a que los órganos de los Picos de Europa deben adaptarse a la nueva Ley de Parques Nacionales ha llevado a las tres comunidades autónomas de los Picos -las dos ya citadas y Asturias- a buscar nuevas herramientas de gestión.
La idea genérica es, como establece la Ley de Parques Nacionales, crear una comisión de coordinación. El Gobierno del Principado, el más reticente a los cambios y defensor acérrimo de una gestión uniforme y conjunta en los Picos, encargará a sus servicios jurídicos un estudio sobre las alternativas al consorcio.
Enfrente están Cantabria y Castilla y León, que siempre han apostado por una mayor autonomía de las comunidades a la hora de gestionar sus territorios en el parque nacional. Los alcaldes leoneses del parque han sido hasta ahora la avanzadilla de esas reivindicaciones: quieren que la gestión del territorio castellano-leonés quede únicamente en manos del Gobierno autonómico.
Pero ha sido Cantabria la que ha ido un paso más allá, al ordenar unilateralmente cambios sustanciales en las condiciones laborales de los trabajadores de aquella comunidad en el parque nacional. Lo hizo el pasado 17 de febrero, sin consultar al consorcio, ni a la comisión de gestión del parque nacional.
La decisión del Gobierno de Cantabria ha generado fuerte rechazo entre los guardas y los guías, que han elaborado un escrito de denuncia. Aseguran que la notificación del Gobierno cántabro ha sido "totalmente irregular" (se realizó por correo electrónico), no fue comunicada a los representantes legales de los trabajadores, no pasó por Función Pública, ni fue informada al consorcio interautonómico ni al patronato del parque, como es preceptivo. Los trabajadores consideran, además, que los cambios "no están en absoluto justificados" y suponen una disminución del personal dedicado a trabajos de conservación, "prioritarios en un parque nacional".
La instrucción contradice varios apartados del convenio colectivo para el personal laboral de Cantabria y sus consecuencias "más evidentes" serían "una mayor desprotección del espacio protegido en su conjunto", puesto que no habría un equipo de guardería propio del parque nacional y con destino específico en la zona cántabra del mismo, "una interrupción de los trabajos de seguimiento especializados" de flora y fauna realizados por la guardería, y "la ruptura por parte del Gobierno de Cantabria con la fórmula de gestión consensuada y firmada por las tres comunidades autónomas en el año 2011", añaden los trabajadores.
La decisión unilateral de Cantabria ha causado también honda preocupación entre los representantes de las asociaciones conservacionistas del patronato. Uno de ellos, el asturiano Javier Naves adelantó que solicitará incluir esta cuestión en el orden del día del próximo patronato, al considerar "gravísimo el precedente" protagonizado por Cantabria. Naves manifestó su temor a que se rompa "la unidad de gestión" de los Picos de Europa, exigida por la ley de declaración, y a que "cada comunidad autónoma gobierne en solitario su territorio. Algo está pasando", advirtió Naves.
