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León y Cantabria exigen refundar el parque nacional y Asturias ve el cambio "complejo"

Los gobiernos de Santander y Valladolid reclaman más autonomía para gestionar sus territorios, pero el Principado defiende "mantener la unidad"

Vista desde Priena (Cangas de Onís), en el parque nacional. RAMÓN DÍAZ

"Hay marejada de fondo" en el parque nacional de los Picos de Europa. Lo afirma el representante de las asociaciones conservacionistas asturianas en el patronato del espacio protegido, Javier Naves, y lo revelan las últimas acciones de las autoridades. Pese a las aseveraciones públicas de "absoluta sintonía" entre las tres comunidades, los ecologistas afirman que "hay lío": Cantabria y Castilla y León quieren gobernar su territorio en los Picos de forma autónoma; Asturias se resiste y aboga por mantener la unidad; y el Estado observa expectante. En el horizonte se atisba un cambio radical, la refundación del parque nacional.

Los alcaldes leoneses del parque han sido siempre la "avanzadilla" de las ansias autonomistas de Castilla y León. Han denunciado reiteradamente que Asturias gobernó el parque a su antojo durante decenios y que aún lo maneja, y han exigido "descentralización", una "gestión autonómica", más ágil, en la que no haya que solicitar permiso "para todo" al patronato y a la comisión gestora. Más: critican la "inoperatividad" del actual sistema tripartito, basado en un consorcio interautonómico, que las tres comunidades pactaron en 2011.

El alcalde de Posada de Valdeón, Tomás Alonso, ha acusado en numerosas ocasiones a los gobiernos de Asturias y Cantabria de poner todo tipo de trabas a las iniciativas leonesas y ha defendido que las competencias en materia de gestión ambiental corresponden en exclusiva a la Junta de Castilla y León, por lo que, a su juicio, no habría que solicitar permiso a otros organismos. Los agravios siempre han estado presentes en las palabras de los regidores leoneses. Sobre todo, porque Asturias tiene el funicular de Bulnes y Cantabria el teleférico de Fuente Dé, mientras que a León "nunca le han dejado hacer nada", lo que supone, por ejemplo, que la zona leonesa reciba apenas el 10 por ciento de los visitantes del parque nacional.

El Gobierno de Valladolid se alinea con sus alcaldes y apuesta abiertamente por cambiar el sistema de gestión, al considerar que el actual consorcio "no funciona" y "no es operativo", como demuestra que en seis años no se haya logrado aprobar un plan rector de uso y gestión (PRUG). Esta situación, unida a que los órganos de los Picos de Europa deben adaptarse a la nueva Ley de Parques Nacionales obliga, según el Ejecutivo castellano-leonés, a buscar "nuevas herramientas de gestión". De hecho hace ya dos años las tres comunidades de los Picos crearon una comisión para estudiar "alternativas al consorcio", previsiblemente una comisión de coordinación.

Pero ha sido el Gobierno de Cantabria el primero que ha roto la fórmula de gestión consensuada suscrita por las tres comunidades de los Picos en 2011, al ordenar unilateralmente cambios sustanciales en las condiciones y funciones laborales de los trabajadores de aquella región en el parque. Lo hizo el pasado 17 de febrero, sin consultar al consorcio, ni a la comisión de gestión del parque. Informó, sí, pero el 14 de marzo.

La decisión del Gobierno de Santander ha generado un frontal rechazo entre los guardas y los guías del parque afectados, que elaboraron un escrito de denuncia. Aseguran que la notificación del Gobierno cántabro, por correo electrónico, fue "totalmente irregular", pues ni se comunicó a los representantes legales de los trabajadores, ni pasó por Función Pública, ni se consultó al consorcio interautonómico ni al patronato del parque, como es preceptivo. Pero lo más grave, según los trabajadores, es que los cambios, "injustificados", suponen "una disminución del personal dedicado a trabajos de conservación, prioritarios en un parque nacional", y acarrearán "una mayor desprotección del espacio en su conjunto", pues no habrá equipo de guardería propio del parque con destino específico en la zona cántabra; y quedarán interrumpidos los trabajos de seguimiento especializados de flora y fauna realizados por la guardería.

El Gobierno del Principado, mientras tanto, navega en un mar de dudas. Encargará a sus servicios jurídicos un estudio sobre las alternativas al consorcio. Una portavoz del Ejecutivo asturiano admitió la conveniencia de "mejorar la gestión" del parque, pero también que debe "mantenerse la unidad" y que cualquier cambio debería enmarcarse "dentro del convenio suscrito en 2011" -del que Castilla y León y Cantabria reniegan-, porque tramitar otra fórmula distinta resultaría "complejo".

El Principado sí valorará la posibilidad de una fórmula de funcionamiento basada en convenios puntuales, como proponen Cantabria y Castilla y León, pero si bien esta alternativa podría ser "útil para algunas cosas concretas", resultaría "muy compleja desde el punto de vista jurídico", señaló la portavoz del Ejecutivo asturiano.

El Gobierno de Oviedo tampoco las tiene todas consigo respecto del papel del Estado en los futuros órganos de coordinación del parque. Su participación en ellos, que ha de ser paritaria (tendrá tantos representantes en los órganos de gestión y participación como las tres autonomías juntas), será "interesante", pero "debe ceñirse a las estrictas condiciones que establece la Ley de Parques Nacionales", así como "a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2004", que señaló que la gestión ordinaria de estos espacios protegidos corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas, indicó la portavoz del Ejecutivo asturiano.

Los patronos conservacionistas, por su parte, temen que el parque nacional se divida en tres, uno por comunidad, y que cada gobierno gestione su territorio de forma independiente, lo que rompería la unidad ambiental que exige la normativa estatal. Javier Naves ha calificado de "gravísimo" el "precedente" que supone que Cantabria haya modificado unilateralmente las condiciones laborales y las funciones de los trabajadores del parque en aquella comunidad. Es "una ruptura de las normas de funcionamiento del consorcio", indicó Naves.

"Cantabria sustrae así a los órganos del parque nacional la gestión sobre las funciones laborales del personal adscrito" y, según se desprende de lo manifestado por las autoridades cántabras, esta actitud "seguirá en el futuro". Los grupos conservacionistas estudian solicitar que este conflicto sea tratado y valorado en la próxima reunión del patronato.

Pero los grupos ecologistas tienen aún otra preocupación más: la pretensión de los gobiernos de los Picos de modificar el reglamento de régimen interior del patronato del parque, y más en concreto su composición. Este asunto iba a votarse en la anterior reunión del patronato, pero se pospuso y se abrió un proceso de recepción de enmiendas.

La propuesta implicaría la disminución de la representación de la sociedad civil en el patronato, lo que choca con el espíritu de la Ley de Parques. Solo 10 de los 38 patronos previstos representarán a la sociedad civil. Los oatronos ajenos a organismos o instituciones públicas serían: 3 representantes de instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el parque o cuyos fines concuerden con los de la ley de Parques; 3 representantes de las asociaciones agrarias, uno por cada comunidad autónoma; 3 representantes de los propietarios con terrenos privados ubicados dentro del parque, uno por cada comunidad autónoma; y un representante de los trabajadores.

Los conservacionistas creen que este reparto supondría acallar su voz, la única discrepante la mayor parte de las veces en el parque nacional, ya que deberían compartir los tres puestos que ahora ocupan con "empresarios de todo tipo, productores de quesos, hosteleros, asociaciones y entidades culturales, clubs de cazadores locales, sindicatos de trabajadores, asociaciones de vecinos, fundaciones y entidades deportivas, grupos culturales, asociaciones de pastores, productores ecológicos y de razas ganaderas, entidades educativas públicas y privadas, grupos de comunicación..." Esto es, "toda la 'sociedad civil' de los Picos, conservacionistas incluidos, bajo el paraguas de tres representantes", criticó Naves. Un auténtico "camarote de los hermanos Marx, versión patronato", añadió.

Según Naves, la Ley no señala en "ningún lugar" qué sectores o actores sociales concretos deben tener representación, ni que las asociaciones conservacionistas tengan que compartir representación con otras organizaciones o instituciones, ni el número de representantes, ni mucho menos que todos tengamos que ponernos bajo la -imposible- representación de tres representantes".

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