La fiscalía ha solicitado nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la exconcejala socialista de Llanes S. R. C., como presunta autora de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, al haber concedido una ayuda de 1.500 euros a un maltratador para que no ingresara en la cárcel. El ministerio público acusa también a una funcionaria, P. M. L., y pide para ella la misma pena como autora del informe que permitió la concesión de la ayuda.
El llanisco R. A. B., solicitó el 1 de abril de 2014 al Ayuntamiento una ayuda de 1.500 euros para el "pago de una multa urgente y no ir a prisión". La solicitud, según el fiscal, fue "cumplimentada de puño y letra por S. R. C.", entonces concejala de Asuntos Sociales e integrante de la Comisión de Violencia de Género. La edil aprobó la ayuda, previa valoración favorable de P. M. L., "pese a que no se cumplían los requisitos necesarios para su otorgamiento, puesto que no respondía a la finalidad para la que se habían establecido tales ayudas", ni se trataba de una "emergencia social con ocasión de alguna calamidad acontecida o por necesidad sobrevenida", señala el escrito de acusación.
El llanisco que solicitó la ayuda había sido condenado en 2005 por dos delitos de lesiones a su compañera sentimental, y en 2012 por quebrantar la prohibición de aproximación y comunicación con la agredida. Esta última pena fue sustituida por 1.000 euros de multa, a pagar en 24 plazos mensuales. Pero R. A. B. Dejó de abonarla, por lo que el juez ordenó en enero de 2014 su ingreso en prisión. Para evitarlo, acudió al Ayuntamiento, donde, según el fiscal, "conocía a sus integrantes, por haber trabajado a su servicio en diferentes períodos".
S. R. C. resolvió el 4 de abril de 2014 conceder 1.500 euros en concepto de "ayuda económica de carácter social y urgente, para el pago de multa para evitar entrada en prisión", con "compromiso de devolución" por parte del beneficiario. Así, según el fiscal, "los fondos públicos fueron destinados, sin justificación alguna, a que un ciudadano eludiera su responsabilidad personal, derivada de la comisión de un hecho delictivo". El fiscal pide que las dos acusadas indemnicen al Ayuntamiento con 1.500 euros e interesa la apertura de juicio oral, en el que propone que comparezcan como testigos, entre otras personas, el beneficiario de la ayuda, la exalcaldesa y actual diputada Dolores Álvarez Campillo, y el exvicealcalde y actual portavoz socialista de Llanes, José Manuel Herrero.
