La alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, rechazó por dos veces los consejos de los abogados que defendían al Ayuntamiento para aceptar las pretensiones de la empresa Contratas y Excavaciones Fontexina S. L., que reclamaba en el Juzgado el pago de 81.106 euros por diez obras ejecutadas en anteriores mandatos. Los letrados veían imposible ganar el juicio y ante la posibilidad de que el Ayuntamiento fuera condenado en costas señalaban como el camino adecuado allanarse a la demanda y pagar. La regidora rechazó el consejo de los letrados al entender que sin una sentencia judicial estaría cometiendo prevaricación. Finalmente, como habían vaticinado los abogados, el Ayuntamiento perdió el litigio y fue condenado en costas.
La actuación de los abogados, según fuentes cercanas al caso, ha quedado reflejada en un informe en el que relatan las actuaciones que realizaron en el "caso Fontexina". Lo hicieron por petición de la Alcaldesa, tras solicitar la portavoz de Foro Ponga, Carmen Sánchez, un informe para saber si los abogados habían recomendado llegar a algún acuerdo.
El informe detalla que los abogados ya manifestaron sus dudas sobre la viabilidad del litigio en abril de 2017, pues, aunque las obras por las que Fontexina reclamaba el dinero se omitieron los más elementales requisitos normativos sobre contratación pública, la jurisprudencia señala que estas irregularidades no pueden trasladarse al contratista. Pese a ello se contestó la demanda al observarse otras irregularidades.
Pero el 4 de octubre de 2017, durante la práctica de la prueba, la intervención de un perito del Principado de Asturias, ajeno a la controversia, corroboró las tesis de Fontexina, por lo que los abogados del Ayuntamiento tenían claro que la demanda estaba perdida. Los letrados informaron a la alcaldesa de Ponga de las nulas posibilidades de éxito en el Juzgado. Tras denegar el juez la suspensión del procedimiento, solicitada por los abogados del Ayuntamiento, estos manifestaron a la regidora su consejo profesional: allanarse a la demanda, por la posibilidad de imposición de costas, sin perjuicio de las acciones que pudieran ejercerse después contra los anteriores alcaldes, Cándido Vega y Mercedes Traviesa, ambos de Foro, por presuntos delitos, a la vista de la absoluta falta de procedimiento en la contratación de las obras.
La Alcaldesa manifestó a los abogados que aceptar la demanda y pagar lo reclamado por Fontexina supondría un delito de prevaricación de fondos públicos, pues en la mayor parte de los casos no constaban expedientes, ni había actas de recepción de las obras reclamadas. El Ayuntamiento no pagó y fue condenado a abonar los 81.106 euros reclamados más 2.000 euros por los costes de cobro, los intereses de demora correspondientes y las costas. Esta condena podría suponer la puntilla para un ayuntamiento en situación de quiebra técnica.
