El Ayuntamiento de Ponga tendrá que pagar a la parroquia rural de Sobrefoz las cantidades debidas en concepto de canon cinegético de los años 2015 a 2017. Así lo ha decidido el Juzgado de lo contencioso administrativo n.º 4 de Oviedo, que ha estimado parcialmente un recurso interpuesto por la parroquia rural contra el consistorio el pasado 14 de febrero. En el fallo, contra el cual cabe apelación, consta que cada parte cargará con sus propias costas.
Los vecinos de Sobrefoz tomaron la decision de iniciar acciones legales contra una propuesta de convenio para cobrar el canon remitida por el consistorio. El decreto de alcaldía tumbado por el juez por no ajustarse a derecho asignaba a la parroquia el 10% del total que el Ayuntamiento recibe anualmente del Principado por el canon cinegético, una cantidad que no superaría los 27.846 euros. Por su parte, la parroquia exigía el 19,92% de ese dinero -unos 60.430,72 euros, a los que se sumarían 2.490,84 euros más de intereses- atendiendo a que Sobrefoz aporta 4.001 de las 20.082 hectáreas de la superficie total de la reserva.
La parroquia de Sobrefoz acusó al Ayuntamiento de enriquecimiento ilícito por percibir pagos anuales en concepto de canon de caza. El consistorio se escudó en que para transferir las cantidades reclamadas era necesario establecer un instrumento jurídico y que la parroquia demostrara con facturas que las inversiones efectivamente se empleaban en la mejora de infraestructuras. El juez entiende que no sería tanto un problema de enriquecimiento injusto como una cuestión de equidad fiscal. El fallo apunta a que el cálculo basado únicamente en la superficie no es apropiado, dado que, además, detener en cuenta las hectáreas de terreno aportadas (como pide Sobrefoz) deben valorarse otros dos parámetros: la riqueza cinegética y el alcance de las competencias asumidas por la parroquia en cuanto a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los caminos rurales.
El juzgado aconseja como la vía más idónea para fijar la cantidad adecuada del canon cinegético la sugerida por la Sindicatura de Cuentas, esto es, la firma de un convenio entre las partes, ya ensayado infructuosamente con anterioridad.
El alcalde de la parroquia rural de Sobrefoz, Amador Sánchez, indicó ayer su intención de exigir una ejecución forzosa del pago del canon una vez la sentencia sea firme si el consistorio no paga su deuda. "Estamos contentos, pero queremos ser cautos", indicó Sánchez, quien agradeció la implicación "total" de su abogada en el proceso. Sánchez defiende que el ingreso por ser titulares de terrenos en montes de utilidad pública -de Ventaniella, Guariza, Sobrefoz, Sobrelafoz y Faeda de Sobrefoz- es fundamental para cuidar los bienes de la parroquia. La alcaldesa, Marta Alonso, se mostró conforme con el fallo, que no recurrirá. "Reconoce la necesidad de un convenio al que Sobrefoz se niega", dijo.
