Los nueve propietarios de El Bosquín II advierten de que no pararán hasta que se haga justicia y la canalización del saneamiento discurra por terrenos públicos. Dicen que sus reclamaciones están avaladas por cuatro sentencias del Tribunal Supremo de casos similares, según las cuales el Ayuntamiento tiene la obligación sobre el mantenimiento de dichas infraestructuras desde el mismo momento en que aprueba la licencia de construcción de dichas obras. Estos tienen en su poder los informes de los técnicos municipales que dieron el visto bueno a que la canalización no pasase por terrenos públicos como, sostienen, obliga la legislación vigente.