El Ayuntamiento de Llanes ha sido multado por la Confederación Hidrográfica con 600 euros por verter aguas fecales al río Ereba de Nueva, como consecuencia de un problema en la canalización del saneamiento público que pasa por una finca privada donde se asienta la urbanización El Bosquín II.
El embrollo trae miga y el Consistorio, de no cortar el problema de raíz, podría verse obligado a pagar una nueva multa de superior cuantía. El Ayuntamiento tiene en su poder un proyecto por valor de 40.000 euros para hacer la obra que ponga fin al problema, pero el secretario municipal, Santiago Fernández Molpeceres, ha elaborado un informe desfavorable a la actuación que impide que se ejecute, argumentando que no se puede pagar con dinero público una obra que pasa por una finca privada. Los vecinos, por su parte, sostienen que la calle donde debería llevarse a cabo la actuación es pública, y el informe municipal ha sido rebatido por la Confederación. El Ayuntamiento no recurrió la multa.
El problema en la urbanización El Bosquín II comenzó cuando se levantó en 2006 por la constructora Game S.L. De la urbanización El Bosque, ubicada a escasos metros de esta, salía una canalización que debió continuar, para dar servicio a El Bosquín II, por los viales públicos cedidos por llevar a cabo esta edificación, tal y como marca la ley, según los afectados. Por causas que se desconocen el saneamiento se llevó por la finca privada donde luego se edificó El Bosquín II, sospechando los propietarios que fue para abaratar costes.
"Cada vez que llueve fuerte la arqueta cede y empieza a verter aguas residuales al río y a los garajes", dice uno de los afectados. Hace unos meses llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento para sacar la canalización por terrenos públicos. El Consistorio pagaría 5.000 euros y los 24 vecinos de ambas urbanizaciones otros 5.000. El acuerdo se rompió al subir hasta los 40.000 euros los costes de la obra que debió ejecutar la constructora. Pese a ello, el Ayuntamiento aceptó hacer la obra, pero se encontró con la negativa del secretario municipal. "Meter una canalización pública por una finca privada es una negligencia que el Ayuntamiento amparó en su día. El funcionamiento, además, es deficiente, y nos cobran por un servicio que no se da", claman los afectados.
La Confederación asegura que "no basta para justificar su falta de responsabilidad en los hechos denunciados oponer el carácter privado del tramo del colector por el que se conducen las aguas residuales", añadiendo que se trata de "la prestación de un servicio público exigible al Ayuntamiento". Dicen que esta situación vulnera la ley de aguas, "siendo constitutivo de la infracción imputada el Ayuntamiento como titular del servicio público, y ello con independencia de la titularidad jurídica del tramo del colector por el que se produzca los vertidos".
