El Ayuntamiento de Cangas de Onís no solicitará que la tienda de regalos de Covadonga -propiedad del cabildo del real sitio- pague el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), una cantidad que ascendería a más de seis mil euros.

El PP, que gobierna en mayoría en el concejo, tumbó ayer la propuesta formulada por la agrupación Cangues Puede al entender que "está mal planteada" y que la solicitud se escapa de sus competencias. "Si tomamos esa decisión- en la Junta de Gobierno de 2016- fue en base a informes del servicio de recaudación", apuntó el regidor cangués, José Manuel González. "Para liquidar ese impuesto a la Iglesia habría que declarar ilegal el acuerdo tomado en la Junta y la última palabra la tendría un juez", explicó.

El alcalde de Cangas de Onís lamentó además que los partidos de la oposición no pusieran el foco en mejorar las infraestructuras y servicios del santuario, por donde pasan al año más de dos millones de personas. "Es el motor económico de la comarca y da pena ver la falta de infraestructuras y de aparcamientos. Urge un nuevo plan de accesos", recalcó.

Por su parte, el portavoz de Cangues Puede, José Carbonell, indicó que "está bien tener visitantes, pero Covadonga no es la panacea ni el sustento del concejo, que registra los mayores índices de paro en los últimos meses en la comarca". Carbonell, que se apoyó en sentencias judiciales favorables a ayuntamientos que reclamaron a la Iglesia el pago de impuestos, indicó que la exención a la tienda de souvenirs de Covadonga perjudica la libre competencia y supone "favoritismos".

En el turno de ruegos y preguntas, los socialistas se interesaron, entre otras cosas, por el traslado de las dependencias de la Policía Local a la planta baja del antiguo internado femenino de Cangas, en la plaza Camila Beceña, cedido por el Principado y actualmente ocupado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida del queso gamonéu, que pasaría a compartir la sala de la asociación de empresarios Incatur.

"Las obras ascienden a unos 27.000 euros y falta la consignación presupuestaria para ejecutarlas", contó el alcalde, que prevé utilizar como archivo del Juzgado el espacio que libera la Policía Local. El PSOE se interesó por el cierre de la Oficina de Atención al Consumidor desde el verano, motivado por la baja de la trabajadora.