El concejo de Colunga estrenará alcaldesa el próximo lunes tras la renuncia, alegando motivos personales, de Rogelio Pando (PSOE), en el cargo durante los últimos 15 años. A las doce de la mañana está convocada una sesión plenaria extraordinaria con un único punto del día: la elección de un nuevo regidor. Sandra Cuesta, hasta ahora segunda teniente de alcalde y edil de Cultura, Deporte, Igualdad, Participación Ciudadana y Turismo por el PSOE, recibirá de manos de Pando, que pese a su dimisión no ha renunciado al acta de concejal, el bastón de mando del Ayuntamiento. El PSOE cuenta con mayoría absoluta en Colunga, con seis ediles, frente a los cuatro con los que cuenta el PP y uno de Foro.

Cuesta confirmaba ayer que presentará su candidatura a Alcaldesa en el pleno del lunes. "Yo voy presentar mi candidatura. No sé si el resto de partidos presentará también candidato", dijo. Ayer, la que el lunes será proclamada como nueva regidora de Colunga, aseguraba estar "ilusionada" con su nueva responsabilidad. Por la mañana iniciaba una ronda de visitas por todos los pueblos de concejo. Su primera parada fue la localidad de Lastres.

La crisis de gobierno en el Ayuntamiento de Colunga se desató por sorpresa el pasado 17 de octubre cuando se supo que Pando, de 57 años, al cabo de tres lustros como regidor, renunciaba al bastón de mando a solo siete meses de las elecciones municipales. Antes destituyó de sus funciones a la concejala de Urbanismo y primera teniente de alcalde, Patricia Vega. Dijo que era el momento de dar un paso atrás, aunque, eso sí, declinó renunciar a su acta de edil y señaló que seguirá como secretario general del PSOE en Colunga. Negó Pando que dimitiese por causas judiciales. Éste compareció en abril en calidad de investigado ante la jueza Pilar de Lara que instruye el "caso Aquagest", referente a posibles tratos de favor a la empresa dedicada a la gestión de servicios de agua. Pando se acogió a su derecho a no declarar.

La oposición y la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies vincularon la dimisión a que la fiscalía pide para él y para Vega dos años de cárcel, diez de inhabilitación para ocupar un cargo público y una multa de diez euros al día durante dieciocho meses por un posible delito en la colocación de una antena en La Isla, un extremo que el exalcalde ha negado.