El Ayuntamiento de Ponga tomará "medidas administrativas y legales" para garantizar la continuidad de la residencia de mayores de San Juan de Beleño.
Así lo confirmó ayer la alcaldesa pongueta, la socialista Marta Alonso, después de que la empresa adjudicataria se negara a renovar el servicio. Una negativa que según denunció el grupo municipal de Foro se debe a la falta de pagos por parte del consistorio.
Lo que sí pudo constatar LA NUEVA ESPAÑA es que tanto la directora como las trabajadoras del centro desempeñaban ayer su trabajo con normalidad en la residencia. La regidora pongueta lamentó que el cese no se comunicara en tiempo y forma.
"El plazo acababa el sábado y nos avisaron de que no renovaban por burofax el viernes", contó. La alcaldesa de Ponga hizo un llamamiento a la calma. "Los ocho residentes -hay capacidad para diez- pueden estar tranquilos: nuestra voluntad es mantener el servicio, que consideramos muy necesario", dijo.
Alonso lamentó que los concejales y presidenta de Foro "no se presentaran en el consistorio para interesarse por cómo estaba el asunto y revisar los expedientes antes de hablar". Durante un pleno celebrado en agosto de 2017 la regidora ya desveló la existencia de informes de la trabajadora social, e incluso una queja de la Unión General de Trabajadores (UGT) que alertaban de que la adjudicataria incumplía los pliegos de condiciones relativos a la contratación de personal, que con sólo tres empleados sería escaso. "Lo ideal es que hubiera siete", explicó.
La residencia, de propiedad municipal, abrió sus puertas en 2010 y funciona gracias a un convenio de colaboración con el organismo autónomo ERA, que aporta hasta 1.279 euros al mes por cada residente.
