Cansados de pasar constantemente por los juzgados para resolver sus diferencias. Así se encuentran los campesinos y cazadores de Piloña, que, por primera vez en la historia, impulsarán de forma conjunta un protocolo de actuación para cobrar las subvenciones cuando se registren daños de especies cinegéticas en las explotaciones agrícolas y ganaderas del concejo.
El documento está siendo elaborado con el apoyo y el asesoramiento del equipo de gobierno socialista piloñés y del viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, quien el viernes viajó hasta Infiesto para mediar en las negociaciones entre ambos colectivos, tradicionalmente antagónicos. En la cita se abordó la necesidad de establecer un tiempo máximo para que los guardas valoren los daños, nunca superior a los siete días hábiles. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Piloña también se hizo hincapié en la necesidad de poder dar aviso de los destrozos de forma telemática -hasta ahora sólo se podía hacer de forma presencial los martes por la mañana en la oficina de Asdeca en Infiesto- y de la obligación de dejar constancia de la visita a través de un documento escrito que recoja la tasación de daños.
El encuentro fue valorado positivamente por el presidente de la Asociación de Cazadores "Monte Cayón" de Piloña (Asdeca), José Ramón Martino. "Nuestra junta está valorando las peticiones y hay voluntad de entendimiento. Creemos que se trata de un primer paso clave para fijar las líneas maestras del protocolo", explicó. Según Martino, en una primera fase -que podría estar lista antes de que concluya el año-, se desarrollará la forma en que se recepcionan los daños. Para una segunda fase quedaría pendiente decidir la forma más objetiva posible de medir las compensaciones. "Se trata de no judicializar la vida del concejo y de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes", explicó el presidente de Asdeca.
Los ganaderos de Piloña mostraron, además, su malestar por el retraso en el cobro de los daños producidos entre abril y agosto del año pasado, fecha en el que el coto de caza acabó su concesión. Mientras que los cazadores no se consideran responsables, la Consejería apunta que deben ser ellos los pagadores por encontrarse ejerciendo en funciones.
