La primera teniente de alcalde de Llanes, Marián García (Foro), se echó ayer a llorar en plena rueda de prensa al informar de que su gobierno (con Vecinos, PP e IU) no ha logrado autorización del Gobierno central para gastarse los 1,4 millones del remanente de Tesorería del año pasado dentro de las llamadas inversiones financieramente sostenibles.

De ello acusó al interventor municipal y al secretario por buscar "maniatar, obstaculizar y paralizar" la vida municipal. Todo porque el Ayuntamiento debió contar con una previsión de gastos a finales de 2017 de al menos 300.000 euros "que no llegó a existir al quedarse de baja laboral el interventor", según García. "Pedimos auxilio al Gobierno del Principado por este motivo y nadie nos atendió", dijo apesadumbrada la forista.

El interventor se incorporó de su baja en abril y en julio emitió un reparo en relación con las facturas recibidas en 2017. "No había crédito para abonarlas al estar él de baja y no haber hecho una previsión de gasto", señaló. Ante esta situación, se pidió al secretario que hiciese un informe que solucionase el problema y se pudiesen pagar las facturas. Un mes más tarde el secretario pidió la baja laboral por enfermedad sin presentar el informe solicitado.

En el Pleno ordinario del 22 de agosto se aprobaron por unanimidad las subvenciones a pagar con el remanente de tesorería de 2017. "Nunca Llanes tuvo una inversión como ésta", sostiene García de la Llana. "En ningún momento el interventor nos manifestó que el incumplimiento del pago a medio a proveedores nos impedía hacer la inversión".

Y añadió: "El 3 de octubre, cumplida la exposición pública del acuerdo plenario donde se aprobaron estas inversiones, el interventor me comunica que no se podrán llevar a cabo las inversiones al incumplir el pago medio a proveedores, como consecuencia de no haber solucionado el pago de las facturas de servicios 2017 por no haberse llevado a cabo una previsión de gastos por parte de intervención". Se intentó desde ese momento que el interventor simplificase el proceso para que el trámite de levantamiento de reparo se hiciese por vía más rápida. Pero tal petición, según García, se saldó con varios informes "de redacción confusa, enrevesada e incluso capciosa en algún momento. En uno de ellos admite que se puede regularizar la situación por una vía más rápida por un reconocimiento extrajudicial de crédito que debe ser aprobado en Pleno", aseguró.

Dicho reconocimiento extrajudicial de crédito se pretendió incluir en el Pleno del lunes, pero el interventor "reiteró el reparo emitido, lo que volvió a bloquear la situación. La puerta que pensábamos estaba abierta se cerró", dijo. Concluido todo este proceso no queda otra que completar los trámites de la manera más lenta "y que no depende del Consistorio para desbloquear el reparo, cumplir con el pago a proveedores y ejecutar las inversiones de 1,4 millones de euros".

"La idea era hacer las obras aprobadas en 2018 a lo largo del año que viene, y con el superávit que tendremos de la liquidación reducir la deuda, en previsión de las posibles indemnizaciones a las que deberemos hacer frente por las licencias ilegales concedidas por los gobiernos del PSOE en relación con el Kaype, el camping María Elena, el chalé de Niembru o el muro de la Llavandera", señaló. Ahora, el equipo de gobierno, "maniatado" según García, destinará los 1,4 millones de euros a amortizar deuda, que a comienzos de año quedará reducida a tan solo 1,5 millones de euros, frente a los 7,5 que el cuatripartito se encontró al entrar al Consistorio en 2015. "Invertiremos el orden de actuación y las inversiones se aplazarán unos meses", dijo.