El sindicato UGT ha pedido la dimisión del alcalde de Llanes, Enrique Riestra (VecinosxLlanes), y de la concejala Marián Garía de la Llana (Foro) por "meterse con la labor de dos funcionarios". Esta reacción llega tras las declaraciones realizadas por la edil la pasada semana, cuando acusó tanto al secretario como al interventor del consistorio de "maniatar, obstaculizar y paralizar" la vida municipal en referencia a la falta de autorización para que el gobierno realice obras en el concejo por valor de 1,4 millones dentro de las inversiones financieramente sostenibles.

Para el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos por el Oriente de UGT, Juan José Blanco, uno de los puntos más graves de las declaraciones de García de la Llana radica en el hecho de haber utilizado en sus acusaciones la baja por enfermedad del secretario, y ha querido recalcar que ellos no son la "oposición política" del cuatripartito.

Por su parte, el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento llanisco, Nacho Vázquez, ha atacado duramente a García de la Llana, a la que ha acusado directamente de "mentir". Según explica Vázquez, el interventor municipal informó a la primera teniente de alcalde de que era posible invertir parte de los ahorros municipales en tales inversiones, siempre y cuando se cumplieran una serie de condiciones legales, entre las que se encuentra el pago medio a proveedores. De hecho, ha revelado que en el mes de octubre el trabajador municipal emitió un informe destinado al regidor y a la concejala "en el que se exponen la situación y la obligación de destinar el superávit no a inversiones financieramente sostenibles, sino a amortización anticipada de préstamos". Por todo esto, UGT considera que el equipo de gobierno estaba informado de la situación.

Así, Vázquez asevera que es "rotundamente falso" que García de la Llana no estuviera al tanto de la situación. "Estaba perfectamente informada, otra cosa es que no sea capaz de asimilar la información recibida", dice Vázquez.

Además, Vázquez ha querido señalar que parte de los meses en los que el interventor estuvo de baja, éste contó con un sustituto, que ejerció sus funciones "hasta el 19 de enero de 2018". Por eso, ante la falta de presupuestos, ha recalcado que "lo normal" es preparar una modificación de crédito para, a final de año, pagar las facturas pendientes, algo que no se hizo en 2017, por lo que en total quedaron sin pagar "300.000 euros", una situación de la que Vázquez acusa al cuatripartito.

Para UGT, esta situación se podría haber evitado aprobando un presupuesto municipal y escuchando las advertencias del interventor.